La presidencia española de la CE no logrará aprobar la Carta Social Europea
La presidencia española no logrará aprobar la Carta Social Europea, dado el retraso en la elaboración del anteproyecto, encomendado al Comité Económico y Social (CES). El secretario general de este organismo comunitario, Jacques Moreau, declaró anteayer en Bruselas que serán necesarios más de seis meses de negociaciones para, una vez aprobado un primer texto, lograr un consenso sobre el cuadro de derechos mínimos que ampararán a los trabajadores de la CE.
El retraso de los trabajos preparatorios para la redacción de un texto que sirva de base a la propuesta de la Comisión Europea, y las...
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La presidencia española no logrará aprobar la Carta Social Europea, dado el retraso en la elaboración del anteproyecto, encomendado al Comité Económico y Social (CES). El secretario general de este organismo comunitario, Jacques Moreau, declaró anteayer en Bruselas que serán necesarios más de seis meses de negociaciones para, una vez aprobado un primer texto, lograr un consenso sobre el cuadro de derechos mínimos que ampararán a los trabajadores de la CE.
El retraso de los trabajos preparatorios para la redacción de un texto que sirva de base a la propuesta de la Comisión Europea, y las fuertes resistencias que en el seno del Consejo de Ministros de la CE ofrecerán países como el Reino Unido y Dinamarca, echan al traste con una de las principales aspiraciones españolas para su mandato al frente de la Comunidad este semestre.El Gobierno confiaba en lograr un acuerdo de principio en la reunión informal de ministros de Trabajo que se celebrará el 6 de marzo en Sevilla, bajo la presidencia de Manuel Chaves. Para entonces, ni siquiera habrá una propuesta concreta sobre la que centrar la discusión y, según fuentes del Gobierno, "aunque se fuerce la máquina parece ya imposible poder abordar de una manera definitiva este tema en la cumbre de Madrid el 26 y el 27 de junio".
El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, en su exposición ayer ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, de los objetivos de la presidencia, rebajó las expectativas al plantear sólo "avanzar en la definición de una Carta Social Europea que establezca una base de derechos para los trabajadores".
El Gobierno se va a ver además hostigado por el sindicato UGT, que ultima un documento m ay ambicioso sobre lo que debe ser la acción del Gobierno en materia social a nivel comunitario.
La redacción de un primer borrador de la Carta Social Europea fue encomendada por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, al CES, organismo consultivo en el que están representados empresarios, sindicatos, organizaciones profesionales y consumidores de la CE. El CES celebró ayer una reunión en Bruselas para dilucidar si es posible alcanzar una mayoría de dos tercios sobre el primer borrador ya elaborado. El próximo 8 de febrero habrá un nuevo encuentro de este tipo, antes del plenario, en el que se intentará forzar el acuerdo.
Empresarios y sindicatos
Hasta el momento, las posturas entre empresarios y sindicatos se mantienen enfrentadas. Mientras los primeros son contrarios a una regulación que vaya más allá de una vaga declaración de principios, las organizaciones sindicales insisten en una normativa concreta en la que se contemplen .soluciones a las situaciones nuevas que se producirán en un mercado único en el que la movilidad de los trabajadores abarca desde Sevilla a Copenhague".
En opinión de Jacques Moreau, "el CES está todavía lejos de una formulación que permita un acuerdo". Para el organismo, dijo, "es una prueba de credibilidad si quiere reforzar su papel", hasta ahora muy diluido. El propio Delors manifestó el pasado día 12 que era partidario de dar más peso al Comité, pero si no logra ponerse de acuerdo en un texto, "se juega su futuro". A nivel nacional dentro de la CE, el Comité Económico y Social sólo tiene paralelismo en Francia e Italia, aunque en Bélgica, Holanda y Luxemburgo existen también instituciones similares.
El borrador del anteproyecto en discusión está inspirado en la Carta de Derechos Sociales del Consejo de Europa, un texto sin carácter vinculante que ni siquiera ha sido suscrito por algún país comunitario como Bélgica.