La Junta de Fiscales de Sala debatirá la orden de los registros corporales por droga
La Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforma la cúpula de la carrera fiscal, debatirá en la próxima reunión un documento presentado por un fiscal de Barcelona, Antoni Gisbert, en el que afirma tener "dudas sobre la legalidad" de la orden del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, que instaba a promover reconocimientos anales y vaginales como método en la lucha contra la droga. Paralelamente, la junta de fiscales de Barcelona también tratará la cuestión en la próxima reunión ordinaria del jueves 19, después de que así lo pidiera un grupo de 20 fiscales.
La decisi...
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La Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforma la cúpula de la carrera fiscal, debatirá en la próxima reunión un documento presentado por un fiscal de Barcelona, Antoni Gisbert, en el que afirma tener "dudas sobre la legalidad" de la orden del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, que instaba a promover reconocimientos anales y vaginales como método en la lucha contra la droga. Paralelamente, la junta de fiscales de Barcelona también tratará la cuestión en la próxima reunión ordinaria del jueves 19, después de que así lo pidiera un grupo de 20 fiscales.
La decisión de incluir en la próxima Junta de Fiscales de Sala, que se celebrará en Madrid, el debate sobre la orden de Moscoso fue comunicada ayer por la fiscalía general del Estado a Antoni Gisbert, fiscal de la Audiencia de Barcelona. Gisbert expuso su criterio de que la orden planteaba "dudas sobre la legalidad de algunas afirmaciones y conclusiones" que contiene la redacción de la misma.En el escrito presentado en la fiscalía de Barcelona, Gisbert solicitaba que el fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, convocara una junta extraordinaria para debatir la cuestión. El fiscal jefe entendió que éste no era el conducto adecuado y decidió no convocar la reunión y enviar el escrito de Gisbert a Moscoso.
El fiscal de Barcelona planteaba en el escrito que los registros anales y vaginales como medio en la lucha contra la droga podían entrar en colisión con otros derechos fundamentales de la persona, como es el derecho a la propia intimidad y a la salud. Por ese motivo, expresó su disconformidad con la citada orden haciendo uso del estatuto de la carrera fiscal, que prevé mecanismos para las situaciones en que un miembro del ministerio público disienta respecto a una orden de un superior. Concretamente, el artículo 27 del estatuto precisa que si la orden es del fiscal general del Estado, éste "resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".
La Junta de Fiscales de Sala está compuesta por un total de 14 miembros que representan a la cúpula de la carrera, ya que entre ellos se encuentran el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal jefe de las salas del Supremo y el del Tribunal Constitucional, entre otros miembros.
Fuentes de la fiscalía señalaron que, por norma general la junta discute la postura expresada por el fiscal disconforme y si hay unanimidad de criterios no se suele proceder a votación. En cambio, sí se vota cuando en el debate se producen opiniones contrapuestas. Las mismas fuentes puntualizaron que la Junta de Fiscales de Sala puede ratificar, modificar o expresarse a favor de retirar una orden del fiscal general del Estado. Sin embargo, el criterio que pueda defender la junta no tiene carácter vinculante y la decisión última corresponde al fiscal del Estado.
Al margen de la junta que se celebrará en Madrid, los fiscales de Barcelona también tratarán la misma cuestión el próximo jueves, dentro de la convocatoria ordinaria de Junta de Fiscales.
En esta ocasión, el debate ha estado propiciado por un grupo de 20 fiscales de la plantilla de Barcelona que también consideran que hay "problemas prácticos" a la hora de aplicar la orden de Moscoso y que forzaron la inclusión de este tema en el orden del día después de que el fiscal jefe se negara a abordar la cuestión.
Otros profesionales de la judicatura también han formulado criticas a los reconocimientos corporales, como la sección catalana de Jueces para la Democracia, la Asociación de Juristas Demócratas de Cataluña y la omisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona..
[El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Murcia, Franzisco Goyena, declaró ayer que considera constitucional la orden del fiscal del Estado de efectuar registros anales y vaginales, informa Efe.]