20 fiscales de Barcelona insisten en discutir la orden de registrar los cuerpos
Una veintena de fiscales de la Audiencia de Barcelona han solicitado al fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, que la orden que insta a promover reconocimientos anales y vaginales en la lucha contra la droga sea uno de los puntos a discutir en la próxima junta de fiscales. Esta petición se produjo ayer, después de que Jiménez Villarejo denegara convocar una junta extraordinaria para debatir esa cuestión, solicitud que fue presentada por el fiscal Antoni Gisbert.
La petición de incluir en la próxima junta de fiscales de Barcelona la cuestión de los registros corporales se ha producido a ...
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Una veintena de fiscales de la Audiencia de Barcelona han solicitado al fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, que la orden que insta a promover reconocimientos anales y vaginales en la lucha contra la droga sea uno de los puntos a discutir en la próxima junta de fiscales. Esta petición se produjo ayer, después de que Jiménez Villarejo denegara convocar una junta extraordinaria para debatir esa cuestión, solicitud que fue presentada por el fiscal Antoni Gisbert.
La petición de incluir en la próxima junta de fiscales de Barcelona la cuestión de los registros corporales se ha producido a las veinticuatro horas de que Jiménez Villarejo se negara a convocar una junta extraordinaria para tratar ese mismo tema. Un grupo de fiscales insiste en que es necesario abrir un debate sobre la orden dictada por el fiscal general de] Estado, Javier Moscoso, y que ha sido objeto de críticas desde diversos sectores de la judicatura. El fiscal jefe resolvió no acceder a la petición planteada por Gisbert por entender que la junta de fiscales de Barcelona no tiene competencia para discutir una orden del fiscal del Estado y, en consecuencia, optó por transmitir la postura individual del fiscal Gisbert a Moscoso. Esta decisión causó cierta sorpresa en la fiscalía (le Barcelona porque se confiaba en que el debate se produciría.Frente a esa situación, ayer se celebró una reunión en la fiscalía y 20 fiscales suscribieron una petición para que se discuta la orden de Moscoso "a la vista de los múltiples problemas que en la práctica pueden plantearse".
La iniciativa de este grupo de fiscales está contemplada en la instrucción 1/87 de la Fiscalía General del Estado. En esa instrucción se dice Ia defensa uniforme de las normas de un Estado Social y Democrático de Derecho (-) es acutar aceptando el principio constitucional de dependencia, en virtud del cual el Fiscal debe acatar y cumplir las de su instrucciones que reciba de su superior jerárquico". A pesar de este obligado cumplimiento, la instrucción matiza que "ello no supone una necesidad de una obediencia ciega que anule la responsabilidad individual de cada Fiscal". A continuación, describe que las normas estatutarias del ministerio público prevén la posibilidad de discrepancias "entre el jefe que ordena y el que recibe la orden".
La instrucción precisa que para cuando cuando se produce esa situación se ha previsto un órgano, lajunta de fiscales "en la que se coordinan armónicamente el principio jerárquico, los planteamientos individuales y los métodos democráticos". Dentro del funcionamiento de las juntas de fiscales la instrucción subraya que la orden del día de las mismas deberá ser fijado por el fiscal Jefe, "si bien deberán incluirse en el mismo aquellos asuntos que propongan por escrito y antes del comienzo de la Junta, un quinto, al menos, de los fiscales destinados en las Fiscalías".
Violación de derechos
De acuerdo con las normas que recoge la citada instrucción, la petición formulada ayer por la veintena de fiscales para debatir los registros corporales debería aceptarse ya que superan la parte de un quinto del total de la plantilla de fiscales de Barceloría, compuesta por aproximadarnente 65 miembros.Contra de ese tipo de medidas de represión que, a en su opinión violan los derechos Pindarnentales de la persona y del inculpado de un delito, se han pronunciado la sección catalana de Jueces para la Democracia, la Asociación Catalana de Juristas Demócratas y la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.