Mayor control del Gobierno sobre las bases militares
El mayor control del mando español sobre las bases militares, es, acaso, la principal diferencia entre el convenio defensivo actual y el suscrito entre España y Estados Unidos en 1982, subrayaron el pasado martes medios diplomáticos españoles.
El texto del nuevo convenio suprime la idea del anterior, en el que se hablaba expresamente de "coordinación" entre el mando español y el de las fuerzas norteamericanas, de modo que, según el actual convenio, no quede duda de que el mando estadounidense debe subordinar su actividad a las normas generales establecidas por el Gobierno español. A...
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El mayor control del mando español sobre las bases militares, es, acaso, la principal diferencia entre el convenio defensivo actual y el suscrito entre España y Estados Unidos en 1982, subrayaron el pasado martes medios diplomáticos españoles.
El texto del nuevo convenio suprime la idea del anterior, en el que se hablaba expresamente de "coordinación" entre el mando español y el de las fuerzas norteamericanas, de modo que, según el actual convenio, no quede duda de que el mando estadounidense debe subordinar su actividad a las normas generales establecidas por el Gobierno español. Al margen de ello, el actual convenio cambia su vigencia, al quedar establecida enocho años, en lugar de cinco, como hasta ahora. También cambia su estructura orgánica, al separarse del mismo los temas que no hacen relación a materias defensivas.
Tanto la cooperación sobre industria militar, como las cuestiones de cooperación cultural y científico-técnicas serán objeto de nuevos convenios, ya en fase de negociación.
Conexión con la OTAN
El convenio de 1988 refuerza la conexión española con la Alianza Atlántica, y hace referencia a la pertenencia de España a la Comunidad Europea (sobre todo en lo que respecta al estatuto de las fuerzas norteamericanas en nuestro país).El contencioso sobre aplicabilidad de la legislación española en diversos supuestos (jurisdicción criminal, normativa laboral) acabó inclinándose del lado norteamericano: el Gobierno español recomendará a los jueces la renuncia a la jurisdicción criminal nacional, en favor de la norteamericana, en caso de comisión de un delito en nuestro país por un súbdito estadounidense.
Como contrapartida, el estatuto que regula el régimen de las escasas fuerzas españolas en Estados Unidos se ve algo ampliado, al extenderse los beneficios fiscales y el concepto de "personas dependientes" a los padres de un miembro de la fuerza militar o del elemento civil.
En cuanto a las autorizaciones de uso de las bases se conserva básicamente la regulación del convenio firmado en 1982 por ambos países, que puede considerarse el más restrictivo en la práctica comparada, especialmente en cuanto a la necesaria autorización, caso por caso, para operaciones fuera de área, incluso en tiempo de paz.
En el nuevo convenio se suprime toda una serie de comités que anteriormente se ocupaban de los distintos aspectos de la cooperación, así como el Consejo Hispano Norteamericano, creándose un único comité permanente con la función de coordinar y desarrollar la aplicación del convenio.
Este nuevo comité será un órgano bilateral que estará presidido por representantes de los Ministerios de Defensa de España y Estados Unidos, y que incluye en como vicepresidentes a representantes de los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores de los dos países.