El Defensor del Pueblo propone que sólo los jueces puedan ordenar escuchas telefónicas

El defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, propone al Gobierno que modifique algunas de las instrucciones de la delegación del Gobierno en Telefónica de manera que todas las escuchas de teléfono sólo puedan ser ordenadas y supervisadas por el poder judicial, y no por orden gubernativa. Ello debería ser así, según el Defensor del Pueblo, una vez que está derogada la legislación antiterrorista.

El Defensor del Pueblo comenzó una investigación a iniciativa propia el pasado mes de septiembre, cuando se conocieron denuncias de personajes políticos cuyos teléfonos estaban supuestamente...

El defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, propone al Gobierno que modifique algunas de las instrucciones de la delegación del Gobierno en Telefónica de manera que todas las escuchas de teléfono sólo puedan ser ordenadas y supervisadas por el poder judicial, y no por orden gubernativa. Ello debería ser así, según el Defensor del Pueblo, una vez que está derogada la legislación antiterrorista.

El Defensor del Pueblo comenzó una investigación a iniciativa propia el pasado mes de septiembre, cuando se conocieron denuncias de personajes políticos cuyos teléfonos estaban supuestamente pinchados. Gil-Robles ha enviado este extenso informe a los ministros de Transportes y de Justicia y a los presidentes de Telefónica y del Consejo General del Poder Judicial.Un equipo de asesores del Defensor del Pueblo comenzó el pasado mes de septiembre la investigación sobre funcionamiento de la Compañía Telefónica y los mecanismos técnicos y jurídicos que aseguran el secreto de las comunicaciones, amparado por la Constitución. En su informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, los asesores proponen el cambio de algunas de las instrucciones emanadas de la delegación del Gobierno en Telefónica -normas por las que se rige la compañía- para ajustarlas a la actual legislación. Así, señala el informe que una vez derogada la ley antiterrorista no es posible que se produzca el pinchazo del teléfono de un abonado por simple orden administrativa, sino que debe mediar en todo momento la intervención del juez. "No parece que pueda sostenerse la posibilidad de que una autoridad administrativa -no judicial- ordene una observación telefónica o conexión".

En las recomendaciones del Defensor del Pueblo se dice incluso que para los casos de prevención y lucha contra actividades delictivas es necesario que la instrumentación de las escuchas telefónicas, se articule con todos los requisitos judiciales.

En cuanto a la información obtenida con motivo de una intervención telefónica, esta sólo debe ser entregada a la autoridad judicial que la ordenó, por lo que en este sentido también se aconseja la modificación de las instrucciones de la delegación según las cuales estas informaciones obtenidas por grabación podrían entregarse directamente a las autoridades policiales.

Asimismo se indica que las conexiones sólo pueden ser realizadas por el personal de la Compañía Telefónica, "no justificándose, por tanto, la posible intervención material de otras personas ajenas a la compañía, con la excepción natural de que esté presente la autoridad judicial".

Por las visitas realizadas a seis centrales, los asesores del Defensor del Pueblo han llegado, a la conclusión de que las garantías del secreto de las comunicaciones se cumplirían mejor si sólo interviene el personal responsable de la central, y se encomienda la vigilancia y control técnico de las intervenciones telefónicas "únicamente al personal técnico de la compañía". En esa línea se demanda que cuando se proceda a intervenir un número se levante un acta que refleje el día y la hora en que se procede a ello, así como la autoridad que lo ordena. "No, debe perdurar la práctica habitual de realizar anotaciones sobre intervenciones acordadas legalmente en los libros de miscelánea, sin custodia específica, accesibles, en consecuencia, a diversas personas". Una vez practicada la conexión de la que se derivará la escucha, el punto de conexión debe lacrarse, constando la clave de la identificación de la orden Judicial que lo autorice.

Toda vez que la Compañía Telefónica ha mostrado al Defensor del Pueblo quejas por la falta de precisión "de algunas resoluciones judiciales" a ella remitidas, así como los problemas procesales observados, esta institución traslada estas quejas al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para que propongan al Gobierno cambios legislativos.

El Defensor del Pueblo concluye el informe asegurando que su institución también continuará vigilante en el control de las escuchas telefónicas.