La justicia francesa concede la extradición del presunto 'etarra' Pérez Alonso

La justicia francesa informó ayer favorablemente la demanda de extradición pedida por Espada del presunto militante de ETA José Félix Pérez Alonso, detenido el pasado 26 de abril en Bayona con 725 millones de pesetas que correspondían al primer rescate de Emiliano Revilla. La decisión sobre la entrega a España corresponde ahora al Gobierno francés y, en última instancia, al Consejo de Estado.Pérez Alonso, de 30 años, está reclamado por la justicia española por asesinato frustrado, tenencia ilícita de armas y explosivos y pertenencia a banda armada. La decisión de la Cámara de Acusación del Tri...

La justicia francesa informó ayer favorablemente la demanda de extradición pedida por Espada del presunto militante de ETA José Félix Pérez Alonso, detenido el pasado 26 de abril en Bayona con 725 millones de pesetas que correspondían al primer rescate de Emiliano Revilla. La decisión sobre la entrega a España corresponde ahora al Gobierno francés y, en última instancia, al Consejo de Estado.Pérez Alonso, de 30 años, está reclamado por la justicia española por asesinato frustrado, tenencia ilícita de armas y explosivos y pertenencia a banda armada. La decisión de la Cámara de Acusación del Tribunal de París no tiene, pues, nada que ver con la aprehensión del rescate. Pérez Alonso, que no tiene estatuto de refugiado político, está acusado en Francia de asociación de malhechores e intento de homicidio por disparar contra una inspectora que participó en su detención en Bayona.

[Fuentes del Ministerio del Interior español destacaron ayer que Pérez Alonso habrá de ser juzgado en Francia por estos hechos antes de su posible entrega a España, informa Efe].

El tribunal concede la extradición por todos los delitos de la demanda excepto por el de pertenencia a banda armada, que, "según la Convención Europea, tiene carácter político".

Según la acusación, el comando del que formaba parte Pérez Alonso intentó asesinar al propietario de un bar en Lejona en septiembre de 1979 y atentó en las mismas fechas contra tres vehículos de la empresa Iberduero, en Las Arenas, y contra un concesionario de la firma Citröen, en Algorta, en julio de 1979.

"Extrema gravedad"

El tribunal señala que los hechos juzgados son de "extrema gravedad" y rechaza la argumentación de la defensa de que los delitos son políticos. "España es un Estado democrático que respeta los derechos humanos", añade la resolución. Christianne Fando, abogada de Pérez Alonso, argumentó en la vista que el Gobierno de Felipe González "intenta criminalizar a los sectores del pueblo vasco que luchan por la independencia". Esta posición, según el tribunal, "no resiste el menor análisis".En otro de los puntos de la resolución, los jueces franceses rebaten los argumentos de la otra abogada defensora, Mireille Glaymann, que se opuso a la demanda porque Pérez Alonso sería juzgado en España por la Audiencia Nacional, al que califica de "tribunal especial sustituto del Tribunal de Orden Público franquista". Los jueces franceses afirman que la Audiencia Nacional no es un tribunal especial para delitos de terrorismo.

Christianne Fando anunció inmediatamente la presentación de un recurso de casación.