Antoni Asunción: "Luchar contra la droga no vulnera los derechos de los presos"

Antoni Asunción, de 37 años, ha asumido la máxima responsabilidad de las prisiones españolas tras una experiencia de 10 años en las Administraciones autónoma y local, primero como alcalde y últimamente como presidente de la Diputación de Valencia. Este hecho es ya de por sí todo un cambio en un medio dirigido en los últimos años por personas procedentes del mundo del derecho. A juicio del nuevo director general de Instituciones Penitenciarlas, la lucha contra la introducción de droga en las cárceles no pasa por disminuir los derechos legales de los reclusos.

Pregunta. De la presi...

Antoni Asunción, de 37 años, ha asumido la máxima responsabilidad de las prisiones españolas tras una experiencia de 10 años en las Administraciones autónoma y local, primero como alcalde y últimamente como presidente de la Diputación de Valencia. Este hecho es ya de por sí todo un cambio en un medio dirigido en los últimos años por personas procedentes del mundo del derecho. A juicio del nuevo director general de Instituciones Penitenciarlas, la lucha contra la introducción de droga en las cárceles no pasa por disminuir los derechos legales de los reclusos.

Pregunta. De la presidencia de la Diputación de Valencia ha pasado usted a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. ¿En qué puede servirle su anterior experiencia en el nuevo cometido que le han encomendado?

Respuesta. Muchísimo. He sido cuatro años alcalde, he estado en la Administración autonómica valenciana y durante cinco años he estado también en la Diputación de Valencia. En política, el aprendizaje de la vida local es muy importante. Yo no tengo que ser ni el tutor de los internos ni su carcelero ni tampoco el asistente social. Tengo que ser el político que está al frente de la responsabilidad del sistema penitenciario, que recoge todo el conjunto y que tiene la visión global. Para este cometido, mis 10 años en la Administración pública me sirven mucho.

P. Recibe una herencia que no es de otros, sino enteramente socialista. ¿Le pesa esta herencia y, en todo caso, existen posibilidades de que sea más llevadera para quien en su momento le suceda en el cargo?

R. No se trata de una herencia sino más bien de un testigo que se me pasa y con el que debo correr un tramo de carrera.En 1982, para 23.000 reclusos, había 5.500 funcionarios; hoy, para 25.000 reclusos, sin contar los de Cataluña, hay 11.500. En cuanto a instalaciones, en estos seis años se han inaugurado 20 nuevas cárceles. Es un cambio importante el que se ha realizado, tanto en dispositivos humanos y recursos como en infraestructura. Esto me sirve de referencia para la tarea que tengo que realizar y naturalmente que debo procurar aligerarle la carga a quien me suceda.

P. La población reclusa alcanza en estos momentos cifras nunca igualadas, y previsiblemente va a seguir creciendo en los próximos años. ¿Es posible, con esta densidad de población, mantener una política penitenciaria que siga teniendo como objetivo la reinserción del interno?

R. El objetivo final de todo el sistema penitenciario sigue siendo la reinserción social del recluso. Aquí es donde yo creo que, superadas las etapas de creación de infraestructura y de aumento de medios, hay que seguir centrando la atención. Que la reinserción y la rehabilitación se produzcan y que podamos constatar el número de fracasos. Y es importante que, además de garantizar la salud integral de los internos, el sistema penitenciario sea capaz deincentivar a los reclusos con actividades que les preparen para el día después de su salida de la prisión.

P. Pero la cuestión es saber si la infraestructura carcelaria va a seguir el ritmo de crecimiento de la población reclusa o, por el contrario, va a ir por detrás, con lo que nunca se resolverían los problemas de hacinamiento.

R. De aquí a dos años creo que podemos tener estabilizado el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. A partir de ese momento habrá que atender exclusivamenye un crecimiento vegetativo. Siempre, claro está, que colaboren otros sectores y que no pongan dificultades para la expropiación o para el cambio de calificaciones de los terrenos necesarios para las nuevas cárceles. Una medida inmediata es que la nueva prisión de Ávila reciba a una parte de las reclusas de la prisión de Yeserías, con lo cual este centro quedaría descongestionado. Yeserías quedaría con una 150 reclusas y se convertiría en un centro cómodo, no definitivo, desde luego, pero mucho mejor que ahora. Lo que no podemos pretender es que haya un interno por celda. A medio plazo, la infraestructura prevista de nuevas cárceles ya en ejecución, entre ellas Málaga, Valencia, Tenerife, etcétera, va a solucionar definitivamente el problema de la masificación.Casuística

P. Usted ha dicho en la toma de posesión del cargo que un objetivo fundamental es evitar el consumo de drogas en el interior de las cárceles. ¿Es factible esa tarea? ¿Con qué medidas, y en todo caso, supondría ello una disminución de los derechos legales de los presos: visitas, permisos de salida, comunicaciones íntimas ... ?

R. En esa tarea ya se trabaja, pero tienen que intensificarse las medidas sin, naturalmente, dañar los derechos de los internos: de los funcionarios y de los internos. Para ello contamos con la colaboración del funcionariado, evidentemente. Y nunca se debe generalizar lo que es sólo casuística, lo mismo que en la calle un hecho concreto no se atribuye a toda la población. En algunos casos será conveniente retirar el dinero, porque la diferencia entre lo que se paga y lo que se recauda es importante. Luego están las medidas sanitarias previstas en el reciente convenio firmado con el Ministerio de Sanidad, que pueden ser complementarias. En septiembre podremos comenzar a aplicarlas en todas las prisiones. Hay que poner las máximas dificultades al consumo de droga en el interior de las cárceles. Todo ello no supone, naturalmente, vulnerar ningún derecho.

P. Se ha dado mucha importancia a la decisión de proporcionar lejía para desinfectar las jeringuillas de los internos adictos a la droga. ¿Qué otras medidas están ya decididas para mejorar la situación sanitaria de las cárceles?

R. En el convenio firmado con Sanidad está previsto todo un plan de medidas preventivas y de profilaxis, que se ha de llevar a cabo en distintas fases. Sin embargo, no se especifica cuál debe ser el elemento desinfectante, que puede ser lejía u otros productos. Con lo cual, y dentro de eso, cabe toda la profilaxis que haya que aplicar, y digo toda. También hay que decir que la sensación de horror que parece destilar estos días elexterior yo no la he sentido en las prisiones que he visitado. Yo veo un futuro esperanzador. Tengo ilusión además.

P. ¿Pero es suficiente el dispositivo sanitario del sistema penitenciario para cuidar con un mínimo de garantías la salud de los reclusos?

R. El dispositivo penitenciario siempre es corto. Para una población de 25.000 internos (excluidos los de las prisiones catalanas) tenemos unos 500 sanitarios. Cu antit ativ am ente, la proporción es mejor que en el exterior. Pero el nivel y la concentración de los riesgos es muy superior en la cárcel que fuera de ella, lo cual exige que los efectivos se multipliquen de acuerdo con el nivel de riesgo. Cualquier problema que existe en la sociedad externa -la droga, el SIDA- se multiplica en las cárceles. Desde luego que hay que incrementar los dispositivos sanitarios, pero las prisiones no pueden tener especialistas de todo.