El fiscal investiga si hubo falsificación de documento en el 'caso Costa Doñana'
El fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Sevilla, Alfredo Flores, investiga si hubo falsificación de documento público en la tramitación del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana (PDTC).Tal investigación ha sido emprendida a requerimiento de Izquierda Unida, cuyos dirigentes entregaron ayer al fiscal toda la documentación relacionada con el caso Costa Doñana.
IU señaló en la primavera pasada que el Plan expuesto para alegaciones públicas en abril de 1987 no coincidía con el presentado un mes más tarde a las corporaciones locales para que también pudieran presen...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Sevilla, Alfredo Flores, investiga si hubo falsificación de documento público en la tramitación del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana (PDTC).Tal investigación ha sido emprendida a requerimiento de Izquierda Unida, cuyos dirigentes entregaron ayer al fiscal toda la documentación relacionada con el caso Costa Doñana.
IU señaló en la primavera pasada que el Plan expuesto para alegaciones públicas en abril de 1987 no coincidía con el presentado un mes más tarde a las corporaciones locales para que también pudieran presentar sus alegaciones. La diferencia entre ambos textos, un párrafo relativo a la calificación urbana del suelo en Matalascañas (Huelva), beneficiaba a la empresa constructora Costa Doñana, cuyos titulares eran personas vinculadas al presidente del Gobierno, Felipe González.
En el texto entregado a las corporaciones provinciales aparecía un párrafo que no figuraba en el expuesto al público. En este párrafo aparece como "suelo urbanizable programado" el terreno propiedad de Costa Doñana en Matalascañas, un terreno que hasta entonces había sido calificado como "suelo urbanizable". La palabra "programado" supone que la empresa propietaria no está obligada a entregar al ayuntamiento el 33% del suelo ya urbanizado, sino sólo el 10%. Todo ello, habría representado unas ventajas para la empresa constructora de unos 2.500 millones.
Archivado En
- Costa Doñana
- Infracciones urbanísticas
- Provincia Huelva
- Corrupción urbanística
- Izquierda Unida
- Delitos urbanísticos
- Corrupción política
- Corrupción
- Partidos políticos
- Vivienda
- Andalucía
- Comunidades autónomas
- Ayuntamientos
- Política autonómica
- Derecho
- Administración autonómica
- Proceso judicial
- Urbanismo
- Administración local
- Política municipal
- Empresas
- Delitos
- Justicia
- Política
- España