Juicio a 17 obreros de la construcción por participar en una huelga en 1984
El próximo jueves, 7 de julio, serán juzgados en Alcalá de Henares 17 trabajadores de la construcción, procesados por su participación en un piquete informativo durante una huelga del sector que tuvo lugar hace cuatro años. La constructora Entrecanales y Távora y una empresa subsidiaria presentaron entonces la denuncia por los desperfectos que causaron en alguno de los centros de trabajo.
El fiscal solicita una multa de un millón de pesetas a cada uno de los procesados y penas de dos meses y un día de cárcel.Los dirigentes madrileños de la construcción de CC OO y UGT, Fernando Serrano y...
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El próximo jueves, 7 de julio, serán juzgados en Alcalá de Henares 17 trabajadores de la construcción, procesados por su participación en un piquete informativo durante una huelga del sector que tuvo lugar hace cuatro años. La constructora Entrecanales y Távora y una empresa subsidiaria presentaron entonces la denuncia por los desperfectos que causaron en alguno de los centros de trabajo.
El fiscal solicita una multa de un millón de pesetas a cada uno de los procesados y penas de dos meses y un día de cárcel.Los dirigentes madrileños de la construcción de CC OO y UGT, Fernando Serrano y Luis Gómez, respectivamente, se han mostrado en contra de lo que consideran "una doble actuación tanto de la empresa, que obstruye el derecho a huelga, como de la Policía Nacional, por las irregularidades que existieron en la detención del piquete". Ambos sindicatos exigen "como única solución" que se archive el expediente y convocan a los trabajadores de la rama para que se solidaricen con estos 17 sindicalistas. Con esta misma intención, los delegados del sector se concentrarán el día del juicio ante las puertas del Juzgado.
A juicio de los dos dirigentes, este juicio "podría significar un freno para que los trabajadores salgan a luchar por sus derechos", sobre todo cuando UGT y CC OO han llamado al sector a una huelga general en octubre y cuando la futura negociación del convenio provincial de Madrid se revela como "dura y difícil" a juicio de ambas centrales.