Los dos magistrados de Barcelona acusados de soborno y prevaricación niegan las imputaciones del fiscal
Los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, ambos de 57 años, rechazaron ayer su participación en los delitos de cohecho (soborno) y prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), de los que están acusados por el fiscal, por los que les pide penas de 13 y 7 años de cárcel, respectivamente. Titulares ambos de los juzgados de primera instancia números 2 y 6 de Barcelona, están acusados de haber llegado a un acuerdo con seis profesionales del derecho para designarles como interventores y depositarios en procedimientos judiciales a cambio de un porcentaje de l...
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Los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, ambos de 57 años, rechazaron ayer su participación en los delitos de cohecho (soborno) y prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), de los que están acusados por el fiscal, por los que les pide penas de 13 y 7 años de cárcel, respectivamente. Titulares ambos de los juzgados de primera instancia números 2 y 6 de Barcelona, están acusados de haber llegado a un acuerdo con seis profesionales del derecho para designarles como interventores y depositarios en procedimientos judiciales a cambio de un porcentaje de los beneficios obtenidos.
El fiscal considera que los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia recibieron un total de 26 millones de pesetas por soborno y prevaricación (dictar a sabiendas resoluciones injustas).Los juristas que acompañan a los jueces en el banquillo son Luis Lorenzo-Penalva (hermano del magistrado), Juan de la Cruz Magrí, María Gloria Viñals, Joaquín Carlos Vidal, Fernando Sánchez Sánchez y Pedro Norberto Trullás.
La petición del fiscal para estas personas es de siete años de prisión para cada una, excepto para Luis Lorenzo-Penalva y Gloria Viñals, para los que pide 10 años de prisión. En el caso de los jueces, las penas demandadas son las más elevadas que se han solicitado nunca para unos magistrados.
Los magistrados justificaron las cantidades de dinero recibidas, hasta los 26 millones, por la liquidación de una herencia, en el caso de Lorenzo-Penalva, y por la venta de una granja, en el de, García Lavernia.
Los dos magistrados, en tono nervioso, reconocieron que habían nombrado en numerosas ocasiones a los profesionales citados como comisarios, interventores o depositarios en quiebras o suspensiones de pagos.
No obstante, precisaron que estas personas también eran designadas para cargos similares por otros juzgados.
El fiscal Cándido Conde Pumpido afirmó que las designaciones se realizaban en virtud de un acuerdo previo entre los procesados, pero éstos lo negaron señalando que la razón de que los nombramientos fueran tan frecuentes se debía a la confianza que tenían en ellos.
El fiscal preguntó a Lorenzo-Penalva: "¿Sabía que Juan Magrí y Joaquín Carlos Vidal eran miembros del despacho de su hermano?". "Sí". "¿Con ello beneficiaba al despacho de su hermano?". "Esto es un juicio de valor, que no admito", respondió.
Hay que destacar que en la primera declaración, realizada en mayo de 1983 por el magistrado Lorenzo-Penalva ante el juez instructor de la causa, reconoció que había realizado gestiones ante compañeros suyos para conseguir que su hermano fuera nombrado interventor en las suspensiones de pagos que llevaban otros juzgados.
El fiscal puso de manifiesto que las cantidades cobradas por Carlos Lorenzo-Penalva y los otros procesados designados como interventores eran proporcionales entre sí. Al pedir el fiscal una explicación por este hecho, el magistrado contestó: "¡Ah!, esto yo no lo sé". Y el fiscal replicó: "Nosotros sí lo sabemos".
Discrepancias
El fiscal volvió a señalar la coincidencia de que dos talones correlativos extendidos por el abogado Lorenzo-Penalva, uno para su asociado Juan Magrí, como supuesta retribución por su trabajo en el despacho, y otro para su hermano, al parecer como parte de una herencia, eran de la misma cantidad.Los informes periciales contables propuestos por el fiscal y las defensas sobre los talones cobrados- por los procesados por el supuesto acuerdo fueron contradictorios. Los peritos del fiscal precisaron que habían observado coincidencias en más de 50 cheques ingresados en las cuentas de los procesados en los que se repetían sistemáticamente las fechas e importes, aunque se les atribuyen procedencias distintas. Sin embargo, subrayaron que no pudieron averiguar si estas coincidencias reflejaban el reparto pactado entre los procesados.
Los peritos de las defensas, por el contrario, manifestaron que no existían coincidencias entre las fechas y los importes de los talones. Asimismo, afirmaron que no encontraron ingresos en las cuentas de García Lavernia de pagos hechos por el despacho de Lorenzo-Penalva.
El magistrado García Lavernia negó haber llegado a un acuerdo para repartirse las ganancias. El fiscal le preguntó sobre la denominada "banda de los cuatro" (en referencia al pacto que mantenía con Sánchez, Trullás y otro abogado ya fallecido). El magistrado contestó que no existía ninguna banda.
El fiscal preguntó: "¿Reconoce que se confabuló con los hermanos Lorenzo-Penalva para realizar estas actividades?".
"Con todos los respetos, ni lo reconozco yo, ni creo que usted tampoco se lo crea", dijo Lavernia.
Este juez admitió haber llevado una vida agitada, pero calificó de "montaje" el incidente en el que se vio envuelto cuando la policía detuvo a un amigo suyo por un asunto de drogas. Los agentes detuvieron al propietario del piso donde se encontraba Lavernia, pero éste quedó en libertad tras la intervención del juez de guardia.