UGT se querella contra el director de personal de Renfe por presunto delito contra el derecho de huelga
La Federación de Transportes de UGT y el letrado Manuel de la Rocha nan presentado ante el juzgado de guardia de Madrid una querella criminal contra Damián Navascués, director de personal de Renfe, por presunto delito contra el ejercicio del derecho de huelga.La querella se basa en el aviso firmado por Navascués y distribuido a toda la red ferroviarla con motivo de la huelga convocada por los comités provinciales el pasado día 24 de junio en Andalucía, Murcia y parte de Castilla y León. En el citado av¡so se definía la huelga, como ilícita o abusiva, advirtiendo que podría llegar a despedirse ...
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La Federación de Transportes de UGT y el letrado Manuel de la Rocha nan presentado ante el juzgado de guardia de Madrid una querella criminal contra Damián Navascués, director de personal de Renfe, por presunto delito contra el ejercicio del derecho de huelga.La querella se basa en el aviso firmado por Navascués y distribuido a toda la red ferroviarla con motivo de la huelga convocada por los comités provinciales el pasado día 24 de junio en Andalucía, Murcia y parte de Castilla y León. En el citado av¡so se definía la huelga, como ilícita o abusiva, advirtiendo que podría llegar a despedirse a los que la secundaran y se pedía a los trabajadores que firmaran una carta manifestando su adhesión o su rechazo al paro. Según UGT, se efectuó también un requerimiento notarial a los miembros del comité de huelga exigiéndoles que manifestaran su conformidad con pertenecer al mismo, en un momento en que la empresa había expedientado a los miembros del comité de una huelga anterior.
La querella criminal solicita 10 millones de pesetas para cubrir responsabilidades civiles por daños causados, que UGT destinará en su caso a una campaña en defensa del ferrocarril para reclamar la reapertura de líneas en zonas deprimidas, como la ruta de la plata y la línea Almendrico-Guadix. Igualmente se solicita que se dicte auto de procesamiento, según el, artículo 384 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige fianza para decretar la libertad provisional.