Interior dispuso entre 1983 y 1987 de más de 3.881 millones de pesetas en fondos reservados

Interior dispuso entre los años 1983 y 1987 de un total de 3.881 millones de pesetas de fondos reservados, cuyo empleo no tiene la obligación de justificar. Así lo indicó el miércoles el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, en su respuesta al juez que investiga las actividades de los GAL. Rodríguez Colorado ratificó asimismo que el viaje del policía José Amedo a Lisboa a principios de 1986, donde presuntamente reclutó a mercenarios de este grupo terrorista, fue pagado con una disposición limitada de esos fondos reservados, aunque no especifica la cantidad concreta. So...

Interior dispuso entre los años 1983 y 1987 de un total de 3.881 millones de pesetas de fondos reservados, cuyo empleo no tiene la obligación de justificar. Así lo indicó el miércoles el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, en su respuesta al juez que investiga las actividades de los GAL. Rodríguez Colorado ratificó asimismo que el viaje del policía José Amedo a Lisboa a principios de 1986, donde presuntamente reclutó a mercenarios de este grupo terrorista, fue pagado con una disposición limitada de esos fondos reservados, aunque no especifica la cantidad concreta. Sobre la autorización verbal del viaje, aseguró que no es habitual y sólo se hace "excepcionalmente".

Baltasar Garzón, el titular del juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional que investiga los GAL, ha ordenado a, ministro del Interior que le re mita un exhaustivo informe so bre el uso de los fondos reser vados de dicho departamento en esas fechas, especialmente los dedicados a la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Rodríguez Colorado afirma en su respuesta que el viaje de Amedo a Lisboa, donde reclutó a un grupo de mercenarios de dicho país que posteriormente realizaron dos atentados en el sur de Francia, fue encargado por el jefe Superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo. El director de la Policía afirmó que "no es habitual en las salidas al extranjero que la autorización se haga de forma verbal", como se realizó en este caso concreto, y precisa que "excepcionalmente y por razones de organización o para la realización de aquellos servi cios que exijan una especial dis creción puede autorizarse el desplazamiento de forma verbal".

Colorado añade que "la dis posición de estos fondos no era ilimitada; el límite venía consti tuido por las cantidades nece sarias para atender los gastos de alojamiento, manutención y transporte, y no existen justificantes de los gastos realizados por la propia y singular natura leza de los fondos reservados".

Sobre el volumen de los fondos reservados de este departamento consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987, el director de la Policía remite un esquema en el que figuran las cantidades asignadas cada año a la subsecretaría, dirección de la Seguridad del Estado y Guardia Civil, que superan en total los 3.881 millones de pesetas. Asimismo, sobre el uso, distribución y normativa de dichos fondos, el director de la Policía remite al juez una circular de la Intervención General de la Administración del Estado, de 8 de febrero de 1966, y una nota informativa sobre los gastos reservados del mis mo órgano administrativo, de 14 de junio de 1988.

"Exhaustivo y comprensivo"

En dichas notas aparece el ministro de cada departamento como responsable de la justificación y pagos en relación con estos gastos reservados, lo que ha motivado el cuestionario enviado ahora a Barrionuevo.

El juez solicita al ministro "la acreditación documental que en su día debió hacer del destino de las correspondientes cantidades dentro del concepto 'gastos reservados' de acuerdo con los fines para los que figu raban en el presupuesto de gas tos de los años 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987". Asimismo exige la remisión de un "informe exhaustivo y comprensivo" de "la distribución interna de los fondos o gastos reservados por años, zonas y conceptos, de la dirección de la Seguridad del Estado, tomando por base la documentación que obre en ese ministerio". También pide que se documenten los gastos adjudicados a la V Región Policial (País Vasco).

El juez Garzón reclama la identidad de "las personas que se encargaron en esos años de la distribución de los fondos reservados del ministerio en el apartado de la dirección de la Seguridad del Estado, quién asumía la responsabilidad de la distrubución y adjudicación en cada región policial y si esta distribución y adjudicación se hacía con el conocimiento, consentimiento o aquiescencia de aquella dirección o bien era preceptivo siempre a efectos internos petición por escrito".

Sobre los fondos reservados concedidos a la región policial del País Vasco, el juez ordena al ministro que informe sobre la persona que asumió "la recepción y distribución de los fondos en los años a los que se concreta la información; los mandamientos de pago que se libraron en cada uno de esos años por todos los conceptos, a través de los cuales deberá comprobarse y resultar la concordancia de los concedidos y los justificados y la indicación de los libros de contabilidad o documentación que recojan el movimiento de estos fondos, debiendo lógicamente existir a no ser que existiera total discrecionalidad en cuyo caso deberá informarse quién la ejercía".

Por último, el juez solicita al ministro "cuál o cuáles sean todas las cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron durante estos años los fondos o gastos reservados que fueron entregados en la V Región Policial, Bilbao, no sólo desde el ministerio o dirección de la Seguridad o general de la Policía, sino en la misma región, debiendo identificar número y entidad".