Alianza Popular y el CDS presionan al Gobierno para que acceda a reformar los estatutos de autonomía
, Alianza Popular (AP) y el Centro Democrático y Social (CDS) apoyan la reforma de los estatutos en las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, frente a la postara del presidente del Gobierno, Felipe González, que sólo ofrece la transferencia de algunas competencias. Esas posiciones políticas complican cada vez más las posibilidades de un pacto de Estado. El CDS está dispuesto a un acuerdo, pero siempre sobre la base de la reforma estatutaria, mientras el aliancista José María Aznar propone una respuesta conjunta de las autonomías afectadas....
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, Alianza Popular (AP) y el Centro Democrático y Social (CDS) apoyan la reforma de los estatutos en las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, frente a la postara del presidente del Gobierno, Felipe González, que sólo ofrece la transferencia de algunas competencias. Esas posiciones políticas complican cada vez más las posibilidades de un pacto de Estado. El CDS está dispuesto a un acuerdo, pero siempre sobre la base de la reforma estatutaria, mientras el aliancista José María Aznar propone una respuesta conjunta de las autonomías afectadas.
El partido de Adolfo Suárez aprobó una resolución, en una asamblea autonómica celebrada el pasado fin de semana, que garantiza el apoyo del CDS a la reforma de estatutos en las regiones que lo deseen. Ese mismo acuerdo excluye la vía de delegación o transferencia de competencias desde el Gobierno central, que, según el CDS, debe tener un carácter "excepcional".El partido de Adolfo Suárez entiende que el Estado autonómico diseñado en la Constitución "permite, cuando menos, la misma descentralización de poder que en el Estado federal, siempre que exista voluntad política para ello". La opción de modelo federal de Estado exige la reforma de la Constitución, a lo cual se opone el CDS; pero este partido defiende, en cambio, "la profundización autonómica que respecto a las competencias entrañan los actuales estatutos de autonomía". Esa vía proporciona a las comunidades la garantía de que el Estado no puede alterar unilateralmente el reparto competencial establecido en ellos.
Por su parte, el presidente de Castilla y León, José María Aznar, declaró ayer que las comunidades deben iniciar el procedimiento para reformar estatutos "como cuestión de principio; y luego se puede negociar". A juicio de Aznar, González es responsable de una parte de la política autonómica, pero la otra parte corresponde a las comunidades autónomas, "y la respuesta de éstas espero que no se haga esperar", informa Luis Miguel de Dios desde Valladolid.
Aznar sugirió que el frente común de las autonomías contra el Gobierno es fruto de la torpeza de los socialistas, que no aceptaron a tiempo su oferta de septiembre pasado, encaminada a ordenar todo este proceso. José María Aznar tachó las palabras de Felipe González de .actitud descalificatoria, que ni se ajusta al espíritu de la Constitución ni al de los estatutos de autonomía ni creo que sea bueno".
A mucha velocidad
El forcejeo político se produce sobre un sistema autonómico que ha crecido a gran velocidad. Un millar de altos cargos y casi 1.200 parlamentarios, de las diecisiete comunidades, autónomas, administran y controlan más de tres billones de pesetas durante este año, al frente de 500.000 funcionarios y empleados.
El Estado ha descentralizado en las seis principales autonomías -Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana- algunos de sus servicios más importantes (educación, sanidad, asistencia social). Otras diez regiones carecen de capacidad para entrar en los grandes servicios públicos (educación, sanidad) y se limitan a gestionar una descentralización de servicios de urbanismo, ordenación del territorio, agricultura, industria, cultura, transportes terrestres y asistencia social, entre otras.
Detrás de la polémica existen intereses electorales. Las diez comunidades en que se centra el forcejeo para la reforma autonómica eligen 151 escaños para el Congreso en las elecciones legislativas.
La España interior es el territorio electoral más favorable para el CDS. Eso quedó claro en las elecciones autonómicas de 1987, puesto que fue el único partido que ganó votos en todas las comunidades donde se realizó la elección. A su vez, Alianza Popular perdió votos, pero ganó cuotas de poder, gracias a pactos con el CDS y grupos regionalistas. Estos datos ayudan a comprender el cuidado de los dirigentes autonómicos de Alianza Popular y del CDS -y por supuesto de los regionalistas mejor situados, como el regionalista aragonés Hipólito Gómez de las Roces- en este asunto. Los socialistas han mantenido la mayoría absoluta sólo en Castilla-La Mancha y en Extremadura.
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