La pista libanesa
El juicio del subcomisario valenciano revela las disputas entre la policía judicial y la gubernativa
Dos libaneses shiíes han ocupado el banquillo de los acusados esta semana en Valencia. Ambos regentan clubes de alterne, y afirmaron ante el tribunal que sobornaron al subcomisario de policía Miguel Herrero para evitar el cierre judicial de sus locales. El banquillo se completó con otros tres propietarios de prostíbulos y el propio subcomisario. El caso está visto para sentencia, pero los interrogantes que han acompañado a este proceso no han sido resueltos.
Mukhaiber Haidar -conocido también como Manolo- apareció con un tiro en la pierna días antes de denunciar que Miguel Herrero le so...
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Dos libaneses shiíes han ocupado el banquillo de los acusados esta semana en Valencia. Ambos regentan clubes de alterne, y afirmaron ante el tribunal que sobornaron al subcomisario de policía Miguel Herrero para evitar el cierre judicial de sus locales. El banquillo se completó con otros tres propietarios de prostíbulos y el propio subcomisario. El caso está visto para sentencia, pero los interrogantes que han acompañado a este proceso no han sido resueltos.
Mukhaiber Haidar -conocido también como Manolo- apareció con un tiro en la pierna días antes de denunciar que Miguel Herrero le solicitaba dinero a cambio de paralizar una supuesta orden judicial de cierre de su local, el club Sésamo. Se produjo la herida "haciendo prácticas", según dijo el pasado miércoles, durante el juicio, a los magistrados de la audiencia.Sabah Mounah confesó haber pagado 300.000 pesetas a Herrero, la misma cantidad que el resto de dueños de prostíbulos. Los hechos ocurrieron en la primavera de 1985, cuando este libanés regentaba el club Cupido. Desde entonces Sabah ha declarado cinco veces sobre estos hechos. Sólo el pasado miércoles dijo que 140.000 pesetas de las que entregó al subcomisario le habían tocado en el bingo.
Los otros tres dueños de clubes -Francisco Soriano, Enrique Luz y Pedro Leal- incurrieron en contradicciones importantes, pero sí estaban seguros de haber entregado el dinero al policía. Y ello, a pesar de que jamás creyeron en la autenticidad de la supuesta orden judicial de cierre de sus locales que les enseñó Miguel Herrero. "¿Por qué pagaron entonces?", preguntó el defensor de Herrero, Rafael Fernández.
Teléfono privado
La primera denuncia de estos hechos la efectuó una persona anónima que llamó al entonces jefe superior de policía de Valencia, Carlos Gómez de Ramón, por el teléfono directo de su despacho, según dijo en el juicio el jefe policial. Este periódico intentó ayer, sin éxito, obtener de la Compañía Telefónica el teléfono directo del despacho del actual jefe de policía.El juez Guillermo Forteza, suspendido de sus funciones en la actualidad por "falta muy grave", instruyó la causa. Un abogado amigo íntimo de este juez, José Corbín, defendió en el juicio a cuatro de los cinco dueños de clubes procesados. Forteza, por su parte, ordenó detener a los dos mandos policiales que investigaron el presunto cohecho. Uno de éstos, Vicente Perales, era jefe de la brigada judicial de Valencia en el momento de su detención. Según Forteza, la investigación adoleció de graves errores.
Miguel Herrero aventuró en su declaración dos hipótesis que explicarían por qué se encuentra procesado. Por un lado, recordó sus éxitos policiales en la lucha contra el desmantelamiento de la prostitución en Valencia. "Algún mafioso se ha querido vengar", dijo. Herrero dirigía el grupo policial, que desarticuló la famosa red de corrupción de menores. Dos de los condenados el pasado año por estar implicados en esa red se encontraban entre el numeroso público que asistió al juicio del miércoles.
Por otra parte, Herrero declaró que su implicación en el supuesto cohecho puede estar relacionada con "roces policiales". Aseguró que él dirigía el grupo más admirado de las cinco experiencias piloto que se formaron para montar la policíá judicial, que dependía directamente de jueces y magistrados. Varios testigos coincidieron en decir que "alguien quiso obstaculizar el nacimiento de una verdadera policía judicial".
Esta segunda versión estaría avalada por el conocimiento del teléfono del despacho de jefe superior que tenía el denunciante anónimo que dio la primera pista. Algún policía pudo facilitarlo. Por otra parte, una fuente policial dijo a este periódico que el disparo que recibió el libanés pudo no ser tan fortuito. Un confidente de la policía fue investigado como supuesto autor de la agresión. Se trata de un tercer libanés.
El subcomisario tampoco resolvió importantes dudas. Explicó los extraños movimientos de sus cuentas bancarias diciendo que fue su hermano, un notario barcelonés, quien le entregaba el dinero. El notario declaró como testigo y afirmó que entregaba periódicamente fuertes cantidades a su hermano. "Me parecía injusto que yo ganara tanto y él no", dijo. Una fuente confirmó que esto es real, aunque no demuestra todos lo movimientos bancarios del subcomisario.
Redadas nocturnas
Herrero tampoco aclaró lo que denominó "roces policiales". "Falta de pruebas", aseguró a este periódico un ex miembro de su grupo.El fiscal está convencido de que Herrero recibió 1.500.000 pesetas de los proxenetas procesados, pero sólo reclama dos meses de arresto para cada uno de los inculpados. Calificó de "show periodístico" las informaciones que aparecieron en la Prensa sobre las redadas en locales de clubes de alterne que promovió el juez Forteza. Centenares de personas fueron detenidas durante el show.
No obstante, una de las actuaciones más sorprendentes durante el juicio fue la de los defensores de los proxenetas. Según estos abogados, sus clientes entregaron dinero al policía para evitar el cierre de sus locales, pero pidieron la absolución al considerar los hechos no constitutivos de delito.
El fiscal dijo entonces que no se podían admitir los hechos y pedir la absolución sin más. El presidente del tribunal, Francisco Monterde, el mismo que juzgó a los componentes de la red de corrupción de menores, suspendió la sesión para que los defensores modificaran esa petición. Un letrado dijo entonces que su patrocinado debía ser absuelto porque se arrepintió espontáneamente. El otro aseguró que sus clientes actuaron bajo miedo insuperable.
El defensor de Herrero conoce el Líbano al otro lado del Mediterráneo. Estuvo allí hace muchos años como integrante de una orquesta. Fernández pidió la absolución de su cliente. En su informe recordó el asunto del teléfono directo del jefe superior, la bala de Mukhaiber, y el bingo de Sabah.