La Generalilat expropia 11 viviendas de promoción pública no ocupadas habitualmente

Los servicios territoriales de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat de Cataluña han iniciado los trámites de expropiación de 11 viviendas de protección oficial de promoción pública debido a que sus legítimos propietarios no las utilizan como residencia habitual y permanente. Los expedientes actualmente en curso son 800, aunque el Gobierno catalán calcula que alcanzarán la cifra de 1.100 cuando terminen las investigaciones en marcha.

Los propietarios de estas viviendas, que por lo general se encuentran en paradero desconocido, han sido sancionados, además, co...

Los servicios territoriales de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat de Cataluña han iniciado los trámites de expropiación de 11 viviendas de protección oficial de promoción pública debido a que sus legítimos propietarios no las utilizan como residencia habitual y permanente. Los expedientes actualmente en curso son 800, aunque el Gobierno catalán calcula que alcanzarán la cifra de 1.100 cuando terminen las investigaciones en marcha.

Los propietarios de estas viviendas, que por lo general se encuentran en paradero desconocido, han sido sancionados, además, con una multa de un millón de pesetas. Las sanciones aplicadas son las máximas permitidas por la Ley.Según la Generalitat, los propietarios de estas viviendas o bien las han vendido de forma fraudulenta a terceras personas, o las han abandonado, o las utilizan como segunda residencia. Este último caso es el menos frecuente, ya que las viviendas investigadas están situadas por lo general en polígonos residenciales habitados por trabajadores. Los 11 expedientes de expropiación en marcha afectan a viviendas situadas en Ciutat Badia, una población dormitorio situada en las afueras de Barcelona, colindante con Sabadell.

Las investigaciones, que han afectado a un total de 60.000 viviendas, se iniciaron en 1985, inmediatamente después de que la gestión de estos habitáculos fuera traspasada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) a la Generalitat. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la empresa Adigsa, dependiente del departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y encargada de la administración de las viviendas de promoción pública en Cataluña.

Joan Ráfols, director general de Arquitectura y Urbanismo, sitúa estos expedientes en el marco "de la lucha contra el fraude en el sector de las viviendas protegidas, principalmente en las de promoción pública, en las que el Estado invirtió en su día importantes cantidades de dinero a fondo perdido". Para Ráfols, los titulares de estas viviendas han cometido "un delito de comportamiento antisocial, que debe ser castigado según marca la Ley. Intentamos poner orden en el sector de la vivienda protegida, y especialmente en la de promoción pública".

Según Ráfols, los actuales ocupantes de estas viviendas, que o bien las ocuparon al encontrarlas vacías, o bien las compraron de manera ¡legal a sus propietarios originales, recibirán un trato preferente para que puedan adquirirlas conforme marca la legislación, .pero para ello primero tenemos que expropiar la vivienda para recuperar su titularidad".