TRIBUNALES

Concluye sin procesamientos el sumario contra las clínicas de abortos

El juez Carlos Valle, que en noviembre de 1986 detuvo a 39 personas en tres clínicas de planificación familiar de Madrid en las que se practicaban abortos, concluyó el sumario, sin haber procesado a nadie, el pasado 2 de marzo, y lo ha remitido a la Audiencia Provincial de Madrid para que adopte una resolución sobre el caso, según se conoció ayer.Lo más significativo de la actuación de Valle, titular del juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, es que decidió elevar las actuaciones a sumario el 9 de febrero de este año por considerar que de las investigaciones efectuadas se deducía la exist...

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El juez Carlos Valle, que en noviembre de 1986 detuvo a 39 personas en tres clínicas de planificación familiar de Madrid en las que se practicaban abortos, concluyó el sumario, sin haber procesado a nadie, el pasado 2 de marzo, y lo ha remitido a la Audiencia Provincial de Madrid para que adopte una resolución sobre el caso, según se conoció ayer.Lo más significativo de la actuación de Valle, titular del juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, es que decidió elevar las actuaciones a sumario el 9 de febrero de este año por considerar que de las investigaciones efectuadas se deducía la existencia de delitos de aborto. Sin embargo el juez, molesto al parecer porque el fiscal no solicitó el procesamiento de los implicados, y no ha interesado nuevas diligencias, ha acordado la conclusión del sumario 22 días después de haberlo iniciado.

Valle, en su resolución, señala que la falta de oposición del fiscal a que dicte auto de conclusión del sumario y la ausencia de petición de nuevas diligencias, .revelan inequívocamente su decidida intención de no plantear o sostener la acusación en los presentes autos, toda vez que en otro caso se habría instado el procesamiento", y por ello en lugar de decretar él el procesamiento, o archivar la causa por falta de acusación, eleva el caso a la Audiencia para que decida en su lugar.

El 19 de noviembre de 1986, el juez Valle ordenó una redada en los centros de planificación familiar Dator y Duratón y la clínica privada del médico argentino Eduardo Cubillo, de Madrid, en los que se realizaban abortos.

Los centros fueron precintados y el instrumental, los ficheros médicos y de pacientes requisados. Cuatro médicos de Dator y Cubillo ingresaron en prisión, aunque posteriormente fueron liberados, y una cuenta corriente de Duratón fue embargada. El juez obligó a declarar a más de 100 mujeres, pacientes de los centros, en una decisión que fue muy contestada. Tras el escándalo, todo parece indicar que el caso será archivado.

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