Un clamor en la calle

EL ASESINATO de tres personas en apenas una semana en el complejo comercial Azca en Madrid es la última manifestación brutal de la inseguridad que se abate sobre los habitantes de los grandes núcleos urbanos. De tiempo en tiempo, y con una frecuencia cada vez más alarmante, la ruleta rusa en que la delincuencia callejera ha convertido la circulación en las grandes ciudades españolas señala a sus desprevenidas víctimas. La elección puede producirse a cualquier hora y en cualquier lugar: de día o de noche, en el barrio residencial o en la ciudad dormitorio. En Madrid murieron 83 personas en asal...

EL ASESINATO de tres personas en apenas una semana en el complejo comercial Azca en Madrid es la última manifestación brutal de la inseguridad que se abate sobre los habitantes de los grandes núcleos urbanos. De tiempo en tiempo, y con una frecuencia cada vez más alarmante, la ruleta rusa en que la delincuencia callejera ha convertido la circulación en las grandes ciudades españolas señala a sus desprevenidas víctimas. La elección puede producirse a cualquier hora y en cualquier lugar: de día o de noche, en el barrio residencial o en la ciudad dormitorio. En Madrid murieron 83 personas en asaltos callejeros a lo largo de 1986 y 88 en 1985. Parecidas cifras se aprecian proporcionalmente en otras grandes concentraciones urbanas españolas.Este año bisiesto la multiplicación de crímenes, asesinatos y atracos comienza a preocupar seriamente a la opinión. Comerciantes y ciudadanos protestan con justicia ante lo que es una de las peores gestiones policiales que se recuerdan en la prevención del delito -justo es decir que se han realizado en muchos casos detenciones fulgurantes de los culpables-. Y, lo que es peor, aparecen grupos de autodefensa dispuestos a aplicar por su mano lajusticia que las autoridades son incapaces de garantizar.

Es precisamente el impacto emocional que el asalto callejero, el pinchazo, el tirón, el desvalijanúento de comercios o el atraco provoca en los ciudadanos en general lo que hace que la inseguridad se haya convertido en estos momentos en uno de los problemas políticos más graves a los que tiene que enfrentarse el Gobierno. Existen, sin embargo, serias dudas de que el presidente González y su equipo sean conscientes de ello. Su débil reacción ante las campañas de autodefensa ciudadana y ante el clamor de barrios enteros exigiendo una mayor presencia policial; -Su pasividad ante la urgencia de diseñar una política global de orden público y seguridad más efectiva que la actual; la escalada creciente de las maflas de todo género, en las grandes ciudades y en los lugares de diversión turística; la extensión del comercio criminal de la droga en barrios y lugares que todo el mundo parece conocer, salvo la policía encargada de perseguir el delito, son cosas que abonan la sospecha de que el Gobierno camina por detrás de los acontecimientos.

Los socialistas han sido incapaces de poner en pie un modelo de orden público y de seguridad con el que dar respuesta a la sociedad sobre la que gobiernan. Su posición ante el problema de la droga es paradigmática. Comenzaron con una despenalización limitada al consumo que no han sabido respetar y luego han multiplicado los actos represivos contra el tráfico menor de drogas blandas mientras se han visto impotentes ante el crecimiento del mercado de heroína y cocaína. La ambigúedad inicial, la falta de criterios en la política policial, los titubeos y rectificaciones han favorecido la explosión, en estos años, del tráfico y consumo ilegal de drogas en España. Eso, a su vez, ha contribuido a disparar la delincuencia de carácter violento, principalmente en las grandes aglomeraciones urbanas. En estos momentos, la droga -cuya extensión se ve también auspiciada por el creciente paro juvenil- constituye con mucho el factor criminógeno más importante, y un problema político tan grave o más que el terrorismo, ante el que la respuesta del Gobierno es peor que nula.

Es una cuestión de medios y de prioridades. Numerosos efectivos policiales que se dedican a actividades burocráticas o a funciones de escolta o de vigilancia de la amplia nómina de personalidades oficiales lo hacen en detrimento de la protección directa de los ciudadanos. La insuficiencia y lentitud del aparato judicial, al que el Gobierno escatima el dinero y desde el que se dispensa un trato a losciudadanos más que descortés, cuando no abiertamente hostil, contribuyen a agravarla situación. Ello no impide que las prisiones españolas, con una población de 28.000 reclusos, estén más repletas que nunca'

La situación, en todo caso, es alarmante, y el clamor de la protesta no puede dejar de ser oído. Vivir es siempre una aventura llena de emociones, pero es obligación de los gobernantes no exagerar éstas y ofrecer a los gobernados garantías de una tranquilidad efectiva a la hora de cruzar la calle o estar detrás de un mostrador.