El Síndico de Cuentas critica el sistema contable de la Generalitat valenciana
El informe preceptivo del Síndico de Cuentas sobre los ejercicios económicos de la Generalitat valenciana en 1983 y 1984, presentado esta semana oficialmente al Parlamento autónomo, critica el sistema contable aplicado por el Gobierno valenciano durante estos dos años."El sistema contable aplicado", afirma el Síndico de Cuentas, Manuel Girona, "no permite el conocimiento de los resultados y costes de los servicios públicos gestionados, cosa que, unida a la falta de un sistema de indicadores, impide emitir una opinión sobre la racionalidad en la gestión de los recursos públicos con criterios de...
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El informe preceptivo del Síndico de Cuentas sobre los ejercicios económicos de la Generalitat valenciana en 1983 y 1984, presentado esta semana oficialmente al Parlamento autónomo, critica el sistema contable aplicado por el Gobierno valenciano durante estos dos años."El sistema contable aplicado", afirma el Síndico de Cuentas, Manuel Girona, "no permite el conocimiento de los resultados y costes de los servicios públicos gestionados, cosa que, unida a la falta de un sistema de indicadores, impide emitir una opinión sobre la racionalidad en la gestión de los recursos públicos con criterios de eficiencia y economía". Los dos años sometidos a fiscalización coincidieron con un período de asunción de competencias por parte de la Generalitat que generó cierto desorden en la organización contable y administrativa.
"El sistema de archivo que -se mantiene sobre documentos de años anteriores", prosigue el informe, "ha impedido la localización de algunos expedientes y documentos seleccionados para las pruebas de auditoría". El Síndico de Cuentas concluye, sin embargo, que "no se han apreciado actuaciones que supongan responsabilidad contable".
El informe sobre 1985 elaborado por la Sindicatura de Cuentas, organismo independiente de la Generalitat generó a finales de 1986 una fuerte polémica en las Cortes Valencianas. En aquella ocasión, la Sindicatura detectó irregularidades como la realización de pagos por encima de las posibilidades de tesorería y la existencia de contrataciones no ajustadas a ley.