Las Cortes equiparan televisión pública y privada en la publicidad electoral

La normativa que regulará la televisión privada ha quedado totalmente aprobada en el Congreso con la votación ayer de la ley orgánica reguladora de la publicidad electoral en emisoras privadas, con la opinión contraria de AP, PDP y CDS. Esta ley equipara la televisión pública con las cadenas privadas en lo referente a la publicidad política durante la campaña electoral. En el último Pleno del Congreso de este período de sesiones se aprobaron igualmente las enmiendas introducidas en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado para 1988 y varios créditos extraordinarios.

Los sociali...

La normativa que regulará la televisión privada ha quedado totalmente aprobada en el Congreso con la votación ayer de la ley orgánica reguladora de la publicidad electoral en emisoras privadas, con la opinión contraria de AP, PDP y CDS. Esta ley equipara la televisión pública con las cadenas privadas en lo referente a la publicidad política durante la campaña electoral. En el último Pleno del Congreso de este período de sesiones se aprobaron igualmente las enmiendas introducidas en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado para 1988 y varios créditos extraordinarios.

Los socialistas rechazaron una moción del Grupo Popular sobre el accidente del buque carguero Cason en las costas de Finisterre, en la que pedían la dimisión de todas las autoridades que intervinieron en la solución de los problemas que ocasionó el accidente.El orden del día del pleno del Congreso de ayer se cargó extraordinariamente al objeto de acabar los asuntos pendientes antes del comienzo de las vacaciones navideñas. Según la Constitución el mes de enero es considerado de vacación parlamentaria.

Aunque la ley que regula la televisión privada fue aprobada la pasada semana, quedaba para cerrar este paquete legislativo una ley orgánica de un solo artículo por el que se regula la publicidad electoral en emisoras de televisión privada. Los socialistas remiten para esta regulación a lo establecido en la ley electoral general, le que fue considerado intervencionista por Luis Ramallo, de AP, Juan José Pérez Dobón, del PDP, y Federico Ysart, del CDS. El socialista Joan Marcet justificó la regulación de la propaganda electoral para asegurar la igualdad de oportunidades a todas las fuerzas políticas y, sobre todo, a las minorías.

Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, propuso en una enmienda la prohibición de este tipo de propaganda en las emisoras privadas durante tiempo electoral. Coalición Popular pidió la supresión de ese artículo regulador y, su portavoz, Luis Ramallo, aprovechó la ocasión para lanzar un último ataque global a la ley de la televisión privada que espera ahora turno para debate en el Senado, previsiblemente en febrero próximo. Emilio Olabarría, del PNV, no reprodujo anteriores debates sobre la televisión privada y se centró en solicitar que en materia de publicidad electoral se respetara la legislación vigente en las comunidades autónomas.

De este debate se pasó al accidente del buque carguero Cason en las costas de Finisterre, no sin antes votar definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para 1988. José Antonio Trillo y López Mancisidor defendió una moción en la que, tras pormenorizar lo ocurrido tras el accidente del Cason, pidió los ceses de los directores generales de la Marina Mercante y de Protección Civil. Según Trillo, esos ceses no sólo los pide él y su grupo, sino que "se piden a voces hasta en las escuelas de EGB gallegas".