El Gobierno, safisfecho con la sentencia

El portavoz del Gobierno, Javier Solana, interpretó ayer la sentencia sobre la Ley Antiterrorista como "una declaración previa de constitucionalidad" de los preceptos que el Gobierno ha enviado esta semana al Parlamento para sustituir ésta ley especial, mediante la regulación en el Código Penal y en la ley de Enjuiciamiento Criminal de los delitos terroristas.El portavoz gubernamental eludió responder a las preguntas de los informadores sobre la utilización durante tres años de disposiciones legales inconstitucionales, a la vez que señaló que "el Tribunal Constitucional ha ejercido sus respons...

El portavoz del Gobierno, Javier Solana, interpretó ayer la sentencia sobre la Ley Antiterrorista como "una declaración previa de constitucionalidad" de los preceptos que el Gobierno ha enviado esta semana al Parlamento para sustituir ésta ley especial, mediante la regulación en el Código Penal y en la ley de Enjuiciamiento Criminal de los delitos terroristas.El portavoz gubernamental eludió responder a las preguntas de los informadores sobre la utilización durante tres años de disposiciones legales inconstitucionales, a la vez que señaló que "el Tribunal Constitucional ha ejercido sus responsabilidades y el Gobierno seguirá ejerciendo las suyas". Solana subrayó insistentemente esta valoración y advirtió que cualquier discrepancia que mantenga la oposición con los nuevos preceptos responderá a divergencias políticas, pero en ningún caso a la presunta inconstitucionalidad de la normativa propuesta.

El ministro de Cultura adelantó que, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional, "no hay ninguna razón para modificar" los proyectos de Ley que recogen las nuevas disposiciones sobre los delitos terroristas. Solana anunció incluso que es muy probable que algunos de los aspectos de la ley Antiterrorista que han sido declarados plenamente constitucionales y que no habían sido recogidos en los proyectos enviados por el Gobierno al Parlamento sean incorporados, a través de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Así podrá ocurrir con la intervención de las comunicaciones postales y, telegráficas de presuntos terroristas.

Asimismo, Solana precisó que a partir del momento en que el Boletín Oficial del Estado publique la sentencia del Tribunal Constitucional y hasta que el Parlamento apruebe la nueva normativa antiterrorista, las Fuerzas de Seguridad detendrán a los presuntos terroristas por un plazo máximo de 72 horas, sin prórroga alguna.