El Gobiemo aprueba ventajas fiscales para inversiones en la Expo 92 y los Juegos Olímpicos

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que establece bonificaciones fiscales para las sociedades estatales, los Ayuntamientos de Sevilla y de Barcelona, los Gobiernos y Estados extranjeros, así como organismos internacionales que participen en la organización y desarrollo de las Juegos Olímpicos de 1992 y la celebración, en Sevilla, del V Centenario del Descubrimiento de América, que disfrutarán del mismo régimen fiscal que el Estado.El proyecto de ley, que será enviado próximamente al Parlamento, otorga beneficios fiscales que afectarán al impuesto sobre sociedades, con el lím...

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que establece bonificaciones fiscales para las sociedades estatales, los Ayuntamientos de Sevilla y de Barcelona, los Gobiernos y Estados extranjeros, así como organismos internacionales que participen en la organización y desarrollo de las Juegos Olímpicos de 1992 y la celebración, en Sevilla, del V Centenario del Descubrimiento de América, que disfrutarán del mismo régimen fiscal que el Estado.El proyecto de ley, que será enviado próximamente al Parlamento, otorga beneficios fiscales que afectarán al impuesto sobre sociedades, con el límite del 30% de la base ímponible, así como al impuesto sobre la renta de las personas fisicas (IRPF) y al impuesto sobre trasmisiones patrimoniales.

Asimismo, permitirá la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de los derechos de importación sobre determinados bienes necesarios para la celebración de ambos acontecimientos internacionales. También asegurará una bonificación del 95% de las cuotas y recargos por licencia fiscal correspondiente a actividades artísticas, culturales, científicas y deportivas desarrofiadas en el marco de la Exposición Universal de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

El Gobierno aprobó un real decreto sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda que incluye los pisos construidos por promotores públicos y destinados a usuarios con ingresos familiares ponderados no superiores al doble del salario mínimo interprofesional.

Para ellos se habilita una "subvención personal más préstamo subsidiado", al 6%, y se impone una limitación de precios de venta (76,5% del módulo ponderado, u 85% si se incluye garaje y/o trastero) y renta de las viviendas (4,5% del precio), según la versión literal de la Oficina del Portavoz del Gobierno.

Con este decreto, el régimen general de protección oficial abarca a las viviendas de protección oficial con préstamo a tipo de convenio. Los adquirentes de estas viviendas podrán beneficiarse de ayudas económicas directas estatales si reúnen ciertos requisitos, entre ellos, no tener ingresos familiares ponderados superiores a 2,5 del salario mínimo interprofesional.

Para obtener dichas ayudas, al menos el 70% de sus ingresos tendrán que proceder de rendimientos del trabajo, actividades empresariales, profesionales o artísticas, de clases pasivas o de pensiones.

El tipo de interés subsidiado, a efectos del adquirente, será del 7,5%; el precio de venta máximo de las viviendas de protección oficial subsidiadas será de 1,0 módulo ponderado¡ o de 1,1 módulo ponderado si incluyen garaje y/o trastero. El alquiler máximo será del 7,5% del precio.

Los préstamos para viviendas de protección oficial de nueva construcción tendrán tres años, como máximo, de carencia y 15 años de amortización. El decreto estimula la supresión de barreras arquitectónicas para los minusválidos y pretende potenciar la rehabilitación de viviendas en régimen de alquiler.

El Consejo de Ministros nombró delegado del Gobierno en Andalucía a Alfonso Garrido Ávila, hasta ahora gobernador civil de Sevilla, y designó gobernador civil de Palencia a Horacio Espina Menéndez, que era gobernador de Teruel.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo, el portavoz del Gobierno, Javier Solana, afirmó que el Ejecutivo "tiene la voluntad de proponer una ley" que establezca unas normas a las que deberán someterse los futuros canales de televisión privada durante las campañas electorales. Solana no desmintió el propósito adelantado por el Grupo Parlamentario Socialista de imponer a estas emisoras las mismas reglas a que están obligados los medios de comunicación de titularidad pública y que están contenidas en la ley electoral general.