85 urbanizaciones ilegales han regularizado su situación en dos años

Un total de 85 urbanizaciones ilegales han normalizado su situación desde la entrada en vigor de a ley especial que a finales de 1985 aprobó la Asamblea de Madrid. La Comunidad de Madrid comprobó hace dos años, dentro de los trabajos previos a la redacción de la ley, la existencia de 137 urbanizaciones piratas en 62 municipios de la región. Por tanto, 52 núcleos de población quedan aún sin regularizar.El Gobierno regional ha acordado proponer a la Asamblea de Madrid la ampliación en un año más de la ley Especial de Urbanizaciones Ilegales. En el momento de su aprobación, y por el hecho de trat...

Un total de 85 urbanizaciones ilegales han normalizado su situación desde la entrada en vigor de a ley especial que a finales de 1985 aprobó la Asamblea de Madrid. La Comunidad de Madrid comprobó hace dos años, dentro de los trabajos previos a la redacción de la ley, la existencia de 137 urbanizaciones piratas en 62 municipios de la región. Por tanto, 52 núcleos de población quedan aún sin regularizar.El Gobierno regional ha acordado proponer a la Asamblea de Madrid la ampliación en un año más de la ley Especial de Urbanizaciones Ilegales. En el momento de su aprobación, y por el hecho de tratarse de una legislación de carácter especial, se la dió sólo un plazo de vigencia de dos años.

El fenómeno de las urbanizaciones piratas se disparó en la década de los setenta y ha salpicado a un tercio de los municipios de la región. La falta de licencias, la carencia de infraestructuras o la edificación de suelo rústico son algunos de los casos más frecuentes. Durante las negociaciones, el gobierno regional advirtió a varios ayuntamientos que se subrogaría en sus competencias si no ponían los medios para atajar el fenómeno de su proliferación. En algunos términos municipales se llegaron a instalar hasta seis y siete urbanizaciones pirata.

De las 85 urbanizaciones que han normalizado su situación, un total de 52 ha obtenido respaldo legal en virtud de acuerdos firmados por los parcelistas, el ayuntamiento correspondiente y la Consejería de Política Territorial.

Las 33 urbanizaciones restantes se han visto obligadas a devolver el terreno a su estado originario, lo que ha forzado a la Consejería de Política Territorial a ordenar la demolición de decenas de construcciones.