En el imperio de los Matutes

Aguamar es propiedad de la compañía Servicios Larga Distancia, SA. La familia Matutes, con fuertes intereses en Ibiza, participa en esa sociedad. Antonio Matutes Juan, hermano del comisario europeo y vicepresidente de Alizanza Popular (AP), Abel Matutes, es socio accionista de Aguamar. Figura como apoderado de Servicios Larga Distancia, SA, la promotora de Aguamar, en el Registro de la Propiedad de Ibiza.Antonio Matutes es, además, según el citado registro, el apoderado de Aguamar. Un portavoz del parque confirmó que "Matutes es accionista", pero añadió que el actual apoderado de la empresa es...

Aguamar es propiedad de la compañía Servicios Larga Distancia, SA. La familia Matutes, con fuertes intereses en Ibiza, participa en esa sociedad. Antonio Matutes Juan, hermano del comisario europeo y vicepresidente de Alizanza Popular (AP), Abel Matutes, es socio accionista de Aguamar. Figura como apoderado de Servicios Larga Distancia, SA, la promotora de Aguamar, en el Registro de la Propiedad de Ibiza.Antonio Matutes es, además, según el citado registro, el apoderado de Aguamar. Un portavoz del parque confirmó que "Matutes es accionista", pero añadió que el actual apoderado de la empresa es Juan Pericós Vilá. Servicios Larga Distancia, SA, está presidida por Juan Antonio Franco Torres, que es, junto a Juan Pericés, consejero delegado de la empresa. Fernando Franco, hermano del presidente de la compañía, es el director de Aguamar.

Según explicó ayer Fernando Franco a este diario, la sociedad prómotora de Aguamar compró los terrenos donde está instalado el parque a la inmobiliaria Matutes, que participó en el negocio. Las oficinas de la sociedad promotora están situadas en el cuartel general del grupo Matutes, en la avenida de Bartolomé de Rosselló, de Ibiza.

Aguamar está situado muy cerca de donde se levantó el hotel ínsula Augusta, propiedad de los Matutes, que hubo de ser demolido en 1971 porque dificultaba el tráfico aéreo, ya que se había levantado en la cabecera de la pista del aeropuerto. El caso le costó la alcaldía a Abel Matutes, pero obtuvo una indemnización de cien millones. Aguamar también está muy cerca de un complejo urbanístico de 4.000 plazas, propiedad asimismo de los Matutes, que se construyó sin licencia municipal. El Ayuntamiento de Sant Josep está controlado por AP.