Pacto de estibadores y consignatarios para finalizar la huelga de puertos en Tenerife

Estibadores y consignatarios firmaron ayer un pacto para finalizar la huelga en los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (iniciada el 11 de agosto), dos días después de que el gobernador civil anunciara que estaba dispuesto a tomar medidas contra el conflicto.

La patronal ofreció a los trabajadores portuarios una revisión salarial del 8,3%, la misma que había sido solicitada por éstos. Pero la discusión del convenio, que afecta a 800 estibadores, quedó aparcada hasta que se constituyera la sociedad mixta estatal de estos puertos. Esta sociedad, que ya ha sido suscrita p...

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Estibadores y consignatarios firmaron ayer un pacto para finalizar la huelga en los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (iniciada el 11 de agosto), dos días después de que el gobernador civil anunciara que estaba dispuesto a tomar medidas contra el conflicto.

La patronal ofreció a los trabajadores portuarios una revisión salarial del 8,3%, la misma que había sido solicitada por éstos. Pero la discusión del convenio, que afecta a 800 estibadores, quedó aparcada hasta que se constituyera la sociedad mixta estatal de estos puertos. Esta sociedad, que ya ha sido suscrita por las consignatarias, será la que represente empresarialmente a los puertos de Tenerife, de acuerdo con la prevista reforma de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP).

El presidente de la junta del puerto, Julio Pérez, que había actuado como mediador en el conflicto, considera que el acuerdo alcanzado es beneficioso para todos porque "de esta forma se borra el fantasma sensacionalista de que los muelles de Tenerife son un caos".

En su opinión, en el futuro todos los estamentos sociales deben apoyar a la Administración para que la reestructuración de los puertos llegue a buen término. Las consignatarias habían acusado a las autoridades de utilizar el paro para obligarles a firmar la escritura de constitución de la sociedad mixta, sobre la que planteaban algunas reservas, finalmente disipadas.

El presidente de la junta del puerto había justificado su no intervención directa en el conflicto por carecer de capacidad legal para ello, hasta tanto no se creara dicha sociedad. Las organizaciones empresariales y de usuarios de la provincia llegaron a solicitar la contratación de personal del Inem para cubrir las tareas portuarias para evitar el colapso en dicha actividad.

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