El asesinato de un refugiado español en Hendaya hizo peligrar la colaboracion francesa contra ETA

La entrevista que el ministro del interior español, José Barrionuevo, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafel Vera, mantuvieron el pasado martes en París con Charles Pasqua, ministro del Interior francés, fue requerida con carácter de urgencia por el Gobierno del país vecino, probablemente alarmado ante la posibilidad de que el atentado contra el refugiado Juan Carlos García Goena significara la reactivación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Fuentes consultadas por este periódico han señalado que la entrevista respondía al propósito de pulsar la opinión y la actitud...

La entrevista que el ministro del interior español, José Barrionuevo, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafel Vera, mantuvieron el pasado martes en París con Charles Pasqua, ministro del Interior francés, fue requerida con carácter de urgencia por el Gobierno del país vecino, probablemente alarmado ante la posibilidad de que el atentado contra el refugiado Juan Carlos García Goena significara la reactivación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Fuentes consultadas por este periódico han señalado que la entrevista respondía al propósito de pulsar la opinión y la actitud de los máximos responsables de Interior españoles sobre una eventual reactivación de las actividades de estos grupos en Francia.

A juicio de estas fuentes, suficientemente acreditadas, un eventual regreso de los GAL a la escena terrorista trastocaría notablemente el acuerdo de colaboración hispano-francés, materializado hasta ahora, a lo largo de un año, en la entrega de un total de 71 refugiados supuestamente vinculados a ETA, un tercio de los cuales han sido puestos en libertad por la Audiencia- Nacional. El principio de acuerdo fue logrado poco antes de que los GAL interrumpieran sus actividades, en un momento en que se encontraban ya mermados por la acción policial francesa.Por otra parte, fuentes de la Administración francesa en el departamento de los Pirineos Atlánticos han reconocido que "los GAL son algo que nos pone muy nerviosos". "Madrid lo sabe muy bien, sabe que esa es una baza muy eficaz con nosotros", añaden las mismas fuentes, "pero debe tratar de medir muy bien sus actuaciones, porque puede ocurrir que se interrumpa la colaboración y que, tal y como ocurrió en el último año de actividad de los GAL, la policía francesa se dedique en exclusiva a la desarticulación de este grupo y abandone el control de ETA en Francia". La entrevista entre los máximos responsables de Interior de Francia y España parece haber evitado una crisis en la colaboración contra ETA, y, de hecho, el anuncio de José Barrionuevo de que continuaría la política de expulsiones fue corroborado horas después con la entrega de un presunto colaborador de, ETA Militar.

Un toque de atención

En algunos medios de la Administráción francesa se baraja ahora la posibilidad de que el atentado contra Juan Carlos García Goena, un joven prófugo del Ejército español que gestionaba su regreso a España, ha sido simplemente un toque de atención al Gobierno francés y no el principio de la reactivación de los GAL.

El descontento detectado en determinados medios gubernativos,españoles por "la poca entidad operativa"- de la práctica totalidad de los supuestos activistas entregados, descontento incrementado tras el atentado a Hipercor, no ha pasado inadvertida a, la Administración francesa, pero ésta no contemplaba por el momento la posibilidad de la vuelta de los GAL.

El Gobierno de París, aseguran las mismas fuentes, no piensa modificar sustancialmente su política. "Somos aliados de Madrid, pero tenemos intereses opuestos; ETA es un problema español que nosotros debemos ayudar a solucionar, pero no tratar de resolver. La política de entregas no goza de un gran respaldo judicial ni de apoyo en la opinión pública, y tenemos elecciones en mayo próximo". Un cambio de esa política podría venir determinado por un incremento cualitativo de las acciones de ETA Militar contra los intereses franceses. El propio Giscard maniflestó semanas atrás, en un programa radiofónico previo a su visita al País Vasco francés, que su Gobierno se reserva algunas cartas para el caso de que ETA opte por aumentar el peso de sus ataques contra los intereses franceses. Esta frase, de respuesta a la pregunta de si el Gobierno temía una reacción más dura por parte de ETA, puede ser asociada con otra pronunciada por José Barrionuevo el día 29 de mayo pasado tras la firma del acuerdo de colaboración antiterrorista hispano-francés de Bagur, en Gerona. Barrionuevo dijo que la cooperación "prevé tratamientos distintos para cada situación", y, sin duda, el ministro del Interior considera que los atentados de Enpetrol e Hipercor, por ejemplo, constituyen un salto cualitativo indudable.

El acuerdo de Bagur, que fue presentado ante la opinión pública española como el principio de un aumento cualitativo de la cooperación, no parece haber modificado sustancialmente las pautas de comportamiento de la Administración o de la policía francesa. La política de entregas inmediatas por el procedimiento de urgencia absoluta mantiene a la gran mayoría de los refugiados encerrados en sus casas ante el riesgo de ser detenidos en la calle. Los que han asumido este riesgo y han sido expulsados pertecen casi en su totalidad a lo que ha sido denominado como el tercer círculo, elementos poco o nada conectados en la actualidad con el aparato de ETA.

Las expulsiones se han realizado por procedimientos administrativos, soslayando el celo de la esfera judicial. Los dos magistrados de Bayona, Armand Riberolles y Chistophe Seys, que pertenecen al Sindicato de la Magistratura, de tendencia progresista, se han pronunciado públicamente en contra de la actual política de expulsiones, y eso explica quizá el hecho de que se le hayan encargado a un juez de París los asuntos de índole terrorista. En el plano teórico, cabe suponer que este magistrado pondría menos reparos a la entrega de mandamientos judiciales que permitieran a la policía francesa penetrar en los domicilios donde viven, a veces en condiciones de hacinamiento, los refugiados presuntamente vinculados a ETA. Y sobre la misma base, cabe deducir que la Administración francesa no ha decidido todavía dar ese paso.