El Congreso se opone al debate sobre terrorismo para no dar a ETA un triunfo ante la opinión pública

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados rechazó ayer, por 7 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, la petición del Grupo Popular y la Agrupación Liberal para celebrar un pleno extraordinario que debatiese la situación en torno al terrorismo. Todos los grupos se opusieron a esta pretensión por entender, mayoritariamente, que supondría una situación de excepcionalidad en el funcionamiento de las instituciones -el Congreso está en período de vacaciones- que daría a los terroristas una baza publicitaria y supondría reconocer que se ha creado una situación extraordinaria.
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La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados rechazó ayer, por 7 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, la petición del Grupo Popular y la Agrupación Liberal para celebrar un pleno extraordinario que debatiese la situación en torno al terrorismo. Todos los grupos se opusieron a esta pretensión por entender, mayoritariamente, que supondría una situación de excepcionalidad en el funcionamiento de las instituciones -el Congreso está en período de vacaciones- que daría a los terroristas una baza publicitaria y supondría reconocer que se ha creado una situación extraordinaria.

En palabras de Iñaki Anasagasti (PNV) sería darle "una victoria de opinión". Para Miquel Roca supondría que los terroristas lograsen "una alteración de la vida política parlamentaria". Según Nicolás Sartorius (IU) se crearían "un clima falso de excepcionalidad".En el turno para fijar posiciones después de la intervención del Grupo Popular y del Socialista, Sartorius, en nombre de Izquierda Unida, expresó su rechazo a la pretensión de convocar un pleno extraordinario porque "crearíamos en el país la sensación de una cierta excepcionalidad" y argumentó que "lo peor es crear un clima falso de excepcionalidad que alimentase la tendencia a tomar medidas excepcionales". Criticó la política antiterrorista del ministro del Interior, José Barrionuevo, y se refirió a sus declaraciones en las que pedía ,,agitación social" frente al terrorismo, para añadir que "la derecha parece que pretende una agitación parlamentaria" -y que ambas coincidiesen. El diputado comunista precisó que hay que evitar "salidas de tono y toques de arrebato".Modesto Fraile, en representación del PDP, anunció que los. democristianos se abstendrían porque "el objetivo del grupo proponente se podría haber conseguido con una reunió de la comisión de Justicia e Interior".

Tras él Juan María Bandrés, del Grupo Mixto, criticó duramente las últimas declaraciones del titular de Interior calificándolas como "profundamente inquietantes" y "cúmulo de la torpeza política".

Para el diputado de Euskadiko Eskerra las recientes discrepancias entre el rrúnistro de Justicia y el de Interior son normales, "ocurre en todos los países, ha ocurrido también en el nuestro y seguirá ocurriendo". En opinión de Bandrés, Barrionuevo debe cesar, "pero eso compete sólo al presidente del Gobierno", por lo que propuso que lo único razonable desde su punto de vista es esperar "que se imponga la sensatez y que en agosto el presidente cese al ministro" o "esperar a septiembre u octubre y entonces tener un debate a fondo sobre esa cuestión".

Iñaki Anasagasti, en nombre del Grupo Nacionalista vasco, aseguró que en la reunién de ayer se debatía "lo ya debatido mil veces". Aseguró que- el diagnóstico sobre el terrorismo ya existe y que la sociedad está suficientemente sensibilizada en contra por lo que, en su opinión, convocar un pleno extraordiario sería "darle una victoria de opinión en un período entre sesiones lo que supone una baza que no hay nunca que ofrecer". Anasagasti dijo que el pleno extraordinario supondría "retroalímentar la afirmación sobre la víolencia".

Todos afectados

Miquel Roca, de la Minoría Catalana, comenzó por advertir que todos estamos afectados por la responsabilidad ante el terrorismo, y no sólo el Gobierno, aunque el tenga la responsabilidad inmediata de combatirlo.

En la línea de apoyo incondicional que los dirigentes de Minoría Catalana y de Convergéncia, i Unió han venido mostrando desde el atentado contra Hipercor en Barcelona a la política de Barrionuevo, Roca advirtió que había que tener cuidado por no sentar en el banquillo de los acusados al ministro por que, en ese banquillo sólo deben estar los terroristas. Argumentó que entre otros objetívos, los terroristas pretenden desestabilizar las instituciones y, en su opinión convocar el pleno extraordinario supondría "una alteración de la vida política parlamentaria". Roca llevó su apoyo al ministro del Interior hasta afirmar que la solidaridad que exige la lucha contra el terrorismo le llevaría a derriostrarla, excepcionalmente, "incluso en el error" de la política ministerial.

El dírigente catalán aseguró que el pleno extraordinario "serviría objetivamente a los fines del terrorismo: que el Congreso tenga que acudir a métodos extraordin arios". Roca concluyó que la lucha antiterrorista es "la trinchera más avanzada donde se pone, a prueba la dicotomía entre libertad y seguridad".

José Ramón Caso, portavoz del CDS, anunció que se abstendría en la votación, aunque criticó la actuación del ministro Barrionuevo. Explicó que su grupo había ofrecido "colaboración", pero no impunidad para atacar a la judicatura ni para solicitar solapadamente censura de prensa ni para la tolerancia con las bofetadas que se puedan perder en los cuartelillos de la Guardia Civil, según frase del ministro.

Caso emplazó al Gobierno para que al hilo del debate sobre la modificación de la legislación antiterrorista se debata en profundidad todo lo relacionado con este fenómeno.

Eduardo Martín Toval había intervenido en primer lugar para oponerse a la petición de los populares, con una argumentación muy ceñida a la letra de la Constitución explicando que no ha existido una invasión o perturbación de los poderes de la Cámara para que la Diputación Permanente convoque un pleno que restituya la normalidad.