El poder judicial actúa contra los abusos policiales
Cuatro decisiones judiciales frente a casos de abusos policiales presuntos o probados se conocieron ayer. La Audiencia Provincial de San Sebastián ha condenado a cinco guardias civiles, como autores de un delito de torturas, a cuatro meses de arresto y cuatro años de suspensión de funciones. Dos policías están procesados por la Audiencia de Madrid por supuestos delitos de torturas y lesiones menos graves; tres miembros de la Ertzaintza -policía autonómica vasca- corren igual suerte por la Audiencia donostiarra por supuestas escuchas telefónicas a Carlos Garaikoetxea, y un miembro de la Guardia...
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Cuatro decisiones judiciales frente a casos de abusos policiales presuntos o probados se conocieron ayer. La Audiencia Provincial de San Sebastián ha condenado a cinco guardias civiles, como autores de un delito de torturas, a cuatro meses de arresto y cuatro años de suspensión de funciones. Dos policías están procesados por la Audiencia de Madrid por supuestos delitos de torturas y lesiones menos graves; tres miembros de la Ertzaintza -policía autonómica vasca- corren igual suerte por la Audiencia donostiarra por supuestas escuchas telefónicas a Carlos Garaikoetxea, y un miembro de la Guardia Urbana de Barcelona sufre procesamiento, acusado de un delito de homicidio frustrado.
La sentencia de la Audiencia de San Sebastián, que será recurrida por el defensor de los guardias civiles y, probablemente, por la acusación particular, hace una pormenorizada exposición de la actuación de los condenadosen enero de 1982 y de las lesiones que ocasionaron a la vecina de Getaria Juana Goikoetxea y añade que no se trata, sin embargo, ole juzgar al Cuerpo de la Guardia Civil, sino específicamente la conducta de cinco de sus miembros.Respecto al procesamiento de los miembros de la Ertzaintza, el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea señaló ayer que esta decisión pone de manifiesto que su denuncia, afirmando que había sido objeto de escuchas ilegales por parte del Departamento de Interior del Gobierno Vasco tenía fundamento.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha procesado a dos inspectores de policía, José García González y Manuel García-Mancha Arévalo, por los supuestos delitos de torturas, lesiones menos graves y privación del ejercicio de los derechos cívicos, vulnerados en abril de 1985 aun joven de Parla (Madrid) llamado Manuel Rafael Gómez.
La resolución judicial decreta la libertad sin fianza de los procesados e impone una responsabilidad civil de 600.000 pesetas para ambos agentes, siendo subsidiario el Estado.
Por último, Fulgencio Ros, jefe de los servicios de información de la Guardia Urbana de Barcelona, está acusado de disparar dos tiros contra un mendigo marroquí en una terraza.
Páginas 14 y 15
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