El delito fiscal se castiga con gran precaución, según el magistrado Carretero

El magistrado Adolfo Carretero, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, afirmó ayer que la justicia española está actuando "con gran prudencia y precaución" en la sanción del delito fiscal. Esta opinión contrastó con la de otros juristas que participarán los próximos días 7 y 8 de julio en el coloquio sobre Garantías jurídicas del contribuyente, organizado por el Consejo General de la Abogacía, y en especial con la de José María Stampa, penalista que resaltó la importancia que para los jueces tienen las actas de Hacienda contra los contribuyentes.

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El magistrado Adolfo Carretero, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, afirmó ayer que la justicia española está actuando "con gran prudencia y precaución" en la sanción del delito fiscal. Esta opinión contrastó con la de otros juristas que participarán los próximos días 7 y 8 de julio en el coloquio sobre Garantías jurídicas del contribuyente, organizado por el Consejo General de la Abogacía, y en especial con la de José María Stampa, penalista que resaltó la importancia que para los jueces tienen las actas de Hacienda contra los contribuyentes.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, advirtió que el coloquio tendrá un eminente carácter jurídico, por lo que se excluirán del debate cuestiones políticas como la presión fiscal y la utilización de los fondos recaudados. En un encuentro de informadores con los ponentes de¡ futuro coloquio, el administrativista Jesús González Pérez aseguró que la represión del delito fiscal atenta contra la dignidad y la intimidad de la persona y restablece una pena tan degradante como la picota, cuál es la publicación de la identidad de los perseguidos por Hacienda.

Stampa afirmó que la justicia penal no tiene especialización suficiente para conocer de un delito tan complejo como el fiscal y reprochó el valor que los jueces atribuyen a las actas de Hacienda, en perjuicio de las garantías del contribuyente. Adolfo Carretero replicó que tales actas no tienen procesalmente ni siquiera el valor de los atestados policiales; estimó a la justicia española preparada para enjuiciar estos delitos y señaló que, por el momento, han sido escasamente sancionados, ya que existen sólo cinco sentencias, algunas de ellas absolutorias.

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