Huelga hospitalaria, ¿por y para qué?

La huelga que mantienen desde hace ya tres meses los médicos de los hospitales públicos ha perjudicado notablemente a los usuarios y es probablemente el período conflictivo más prolongado de la sanidad pública española. El autor analiza las medidas adoptadas por la Administración para poner fin a la huelga.

Probablemente no haya existido, dentro de la sanidad pública, un período tan conflictivo como el que se vive desde hace ya tres meses. Las huelgas en los hospitales han perjudicado notablemente a los usuarios de los servicios sanitarios Era previsible el surgimiento de situaciones de...

La huelga que mantienen desde hace ya tres meses los médicos de los hospitales públicos ha perjudicado notablemente a los usuarios y es probablemente el período conflictivo más prolongado de la sanidad pública española. El autor analiza las medidas adoptadas por la Administración para poner fin a la huelga.

Probablemente no haya existido, dentro de la sanidad pública, un período tan conflictivo como el que se vive desde hace ya tres meses. Las huelgas en los hospitales han perjudicado notablemente a los usuarios de los servicios sanitarios Era previsible el surgimiento de situaciones de tensión laboral dentro del sistema sanitario público. Esto es así puesto que la creación del Sistema Nacional de Salud requiere el desarrollo de una serie de medidas que necesariamente afectan a la política de personal.Habiendo llegado a un acuerdo con la mayoría de las centrales sindicales más representativas respecto al sistema retributivo y a las cuantías de las retribuciones médicas, así como en relación al establecimiento de un calendario de negociación del estatuto marco, llama poderosamente la atención que persista la conflictividad entre los médicos hospitalarios.

En breves líneas intentaré explicar las razones que niegan los supuestos motivos aducidos por las organizaciones que mantienen o alientan la huelga.

Dos son los hechos tangibles que demuestran claramente la voluntad negociadora de la Administración. En primer lugar, después de unas difíciles y largas negociaciones, se ha llegado a un acuerdo salarial con la central sindical de mayor representatividad en el estamento médico del Insalud, la CEMS, que compartía y desarrollaba un acuerdo previo suscrito por UGT y ELASTV. En segundo lugar, en otra pieza clave de la reforma sanitaria, como es el decreto sobre organización hospitalaria, se llegó a un amplio acuerdo con la Organización Médica Colegial, reconociéndose así públicamente por los máximos responsables de esta corporación.

No solamente se ha demostrado una voluntad negociadora con las organizaciones indicadas, sino que también se ha recibido, escuchado, dialogado y debatido con otras organizaciones y asociaciones profesionales. A iniciativa de la Administración se celebraron reuniones con la llamada Coordinadora de Hospitales y el sindicato minoritario FESIME-CSIF. El sindicato FESIME-CSIF denunció la intransigente posición de la coordinadora, mientras que los portavoces de este colectivo se negaron a desconvocar la huelga, a pesar de haberles ofertado la constitución de sendas mesas de trabajo sobre participación de los profesionales en los hospitales y estatuto.

Esta oferta sigue estando vigente, siempre que previamente se haya desconvocado la huelga y se hayan restablecido unos ritmos de trabajo tendentes a normalizar la situación asistencial en aquellos hospitales donde se haya deteriorado. Sin embargo, con la misma seguridad que se ofrece el diálogo y con el mismo rigor con el que se implantan las medidas necesarias para proteger los derechos de los usuarios, se debe ser firme en el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las centrales sindicales mayoritarias, no pudiendo aceptar aquellos planteamientos que traten de conculcarlos.

Participación

El anteriormente mencionado decreto sobre hospitales establece las bases para asegurar la plena participación de los profesionales en la gestión hospitalaria. Esto no quiere decir que, como algunos pretenden, sean los médicos quienes gobiernen el hospital, sino que existen órganos colegiados de participación con representación mayoritaria de los facultativos, tan importantes como la Junta Técnico Asistencial, que evalúa las necesidades de plantillas, equipamientos, etcétera, o la Comisión Central para la Garantía de la Calidad, la cual establece las condiciones y controles necesarios para mejorar la calidad asistencial. No deja de resultar paradójico que los supuestos defensores acérrimos de la implicación de los profesionales en la gestión del hospital hayan utilizado como medida de presión la no participación en los anteriormente mencionados órganos colegiados.

La Administración sanitaria ha procedido a asentar las bases para una mejora de la calidad científico-técnica. En primer lugar, se ha dado un soporte organizativo para la plena participación de los profesionales en la gestión de la calidad asistencial, como se recoge en el aludido decreto sobre hospitales. En segundo lugar, se ha. elaborado un amplio programa de inversiones hospitalarias, presentado en febrero del presente año, tanto para la adquisición de equipos médicos como para la construcción y remodelación de hospitales.

Los profesionales que denuncian supuestos defectos de equipamiento en los hospitales públicos parecen olvidar que los hospitales del Insalud son, en general, los mejor equipados en la sanidad española -tanto pública como privada-, y olvidan que la calidad de la asistencia reside más en los propios profesionales que en los aparatos que manejan. El conflicto sanitario, que tiene por principal perjudicado al usuario de los servicios sanítarios públicos, no responde a las supuestas razones aludidas por sus promotores: ha existido diálogo, los salarlos acordados son suficientes, los profesionales participan en la gestión y se han sentado las bases para mejorar la calidad asistencial de los hospitales. Es cierto que queda mucho por hacer, pero esto no debiera ser un motivo para la huelga, cuando por parte de la Administración existe una manifiesta voluntad de defensa y mejora de la sanidad pública.

Se debe demandar a los instigadores de este conflicto sus motivaciones reales: el por y el para qué de esta huelga que tan gravemente lesiona los legítimos intereses de los usuarios de los servicios sanitarios públicos. Se ha dicho por algunos que uno de los sustratos del conflicto es una batalla por la representatividad de los médicos hospitalarios. En este caso se estaría instrumentalizando al paciente para una guerra sindical, mientras que una vez aprobada la ley de órganos de representación y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas todas las organizaciones podrán mostrar su verdadera implantación en muy breve plazo.