La oposición considera restrictivo discriminatorio el proyecto de ley de televisión privada

JUAN G. IBÁÑEZTodos los grupos parlamentarios de la oposición, a excepción del formado por el Partido Nacionalista Vasco, coincidieron ayer en censurar severamente el proyecto de ley de televisión privada por considerarle "restrictivo, discriminatorio, intervencionista y obsoleto", según la expresión mayoritaria de los portavoces que intervinieron en el Pleno del Congreso para defender seis enmiendas a la totalidad del proyecto gubernamental y su devolución al Gabinete -solicitada por Minoría Catalana, Izquierda Unida, Partido Liberal, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerral y Partido Demócrata-...

JUAN G. IBÁÑEZTodos los grupos parlamentarios de la oposición, a excepción del formado por el Partido Nacionalista Vasco, coincidieron ayer en censurar severamente el proyecto de ley de televisión privada por considerarle "restrictivo, discriminatorio, intervencionista y obsoleto", según la expresión mayoritaria de los portavoces que intervinieron en el Pleno del Congreso para defender seis enmiendas a la totalidad del proyecto gubernamental y su devolución al Gabinete -solicitada por Minoría Catalana, Izquierda Unida, Partido Liberal, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerral y Partido Demócrata- así como otras tres con textos alternativos al del Gobierno, elaborados por Coalición Popular, CDS y Partido Demócrata Popular. En el Pleno, que duró seis horas, fueron rechazadas todas las enmiendas y los textos alternativos.

Los representantes de Coalición Popular, Minoría Catalana e Izquierda Unida anunciaron su intención de presentar por separado recursos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley.Javier Solana, portavoz del Gobierno y defensor ante el Pleno del Congreso del proyecto de televisión privada aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril, confirmó al término del debate parlamentario que los propietarios de empresas periodísticas en otros países de la Comunidad Europea verán restringida al 15% su participación en el capital de las emisoras privadas de televisión, homologándoles así las restricciones ya impuestas los empresarios de Prensa españoles.

Miquel Roca advirtió en el proyecto de ley de televisión privada hasta ocho motivos de inconstitucionalidad, lo que convierte a este texto, según dijo, en el que más contradicciones incurre con la Constitución desde la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

Tanto el portavoz de la Minoría Catalana como el del CDS, Federico Ysart, y el de Izquierda Unida, Rafael Espasa, aceptaron la concepción de la televisión como servicio público, pero discreparon de las consecuencias que de ello extrae el Gobierno en cuanto que "de dicha concepción de servicio público no se deriva que la titularidad sea exclusivamente estatal", en expresión de Miquel Roca.

Espasa precisó que la discrepancia de Izquierda Unida está relacionada además con la extensión del servicio público de televisión "a tres canales comerciales, a lo cual se sacrifica la posible ampliación de los canales públicos, autonómicos, y la creación de emisoras locales y de canales institucionales no lucrativos".

El portavoz de Coalición Popular, Luis Ramallo; el del Partido Demócrata Popular, José, Ignacio Wert, y el del Partido Liberal, Antonio Jiménez Blanco, defendieron que la televisión no puede ser catalogada como un servicio público esencial, sino como el ejercicio de un derecho fundamental amparado por la Constitución, y que, por tanto, debe estar sometido a las mínimas restricciones.

Todos los portavoces de la oposición coincidieron en interpretar como una "gubemamentalización" de la televisión privada el que la ley con que los socialistas quieren regular su funcionamiento ponga en manos de un organismo autónomo -dependiente, por tanto, de la Administración y no del Parlamento- la elaboración del plan técnico nacional de la televisión privada -que además aprobará el Gobierno mediante un decreto-, la propuesta de extinción de las concesiones a las emisoras- y el control e inspección del cumplimiento de las condiciones impuestas a las sociedades propietarias de cada uno de los tres canales.

Tanto los representantes de la derecha -como del centro y la izquierda reprocharon al Gobierno la limitación a tres del número de canales autorizados a coexistir con la televisión pública, y varios portavoces defendieron la existencia de emisoras locales, cuyo funcionamiento no aparece contemplado en el modelo de televisión privada diseñado por el Gobierno. A este respecto, Miquel Roca y Ramón Espasa acusaron al Ejecutivo de apropiarse de facultades propias de la Administración de justicia al advertir en su proyecto de ley que las emisiones televisivas realizadas sin la preceptiva concesión "darán lugar a que por la autoridad gubernativa se proceda al cierre inmediato de las emisoras y a la incautación de equipos y aparatos utilizados en la emisión".

Luis Ramallo (AP), Miquel Roca (CiU), Federico Ysart (CDS)'y José Ignacio Wert (PDP) criticaron duramente la decisión del Gobierno de restringir a los propietarios de empresas periodísticas su participación en el capital de las emisoras privadas de televisión, que no puede superar el 15%, en relación con la limitación establecida para cualquier otro ciudadano, que puede ostentar hasta el 25% del capital de uno de los canales.

Tanto el portavoz de Coalición Popular como el de la Minoría Catalana y los del CDS, el PDP y el PL censuraron que la fórmula utilizada para autorizar a las empresas privadas las emisiones de televisión sea la de la concesión administrativa en vez de la de una mera autorización, como la que basta para abrir un centro de enseñanza, Mientras que Roca se mostró dispuesto a apoyar una ley antitruste con validez para todos los sectores económicos y no estrictamente en la regulación del acceso de los particulares a la televisión privada, los representantes de AP, PDP, PL y CDS defendieron que no existan limitaciones al capital de una emisora de televisión que pueda concentrar un socio español en sus manos.