El mapa de Cataluña

CATALUÑA TENÍA una vieja aspiración: organizar su territorio con una división interna propia, superadora de la artificiosidad del reparto provincial. Durante la República, en 1936, llegó a plasmar una estructura administrativa en 38 comarcas. Pese al paso del tiempo y el cambio de circunstancias, los legisladores catalanes no se han atrevido a encarar hoy esa división con criterios renovadores, y han optado por calcar -hasta en sus mayores inconvenientes- el esquema comarcal de hace 50 años.Cuando el problema de fondo es hoy el excesivo número de municipios que tiene Cataluña, en su mayoría de...

CATALUÑA TENÍA una vieja aspiración: organizar su territorio con una división interna propia, superadora de la artificiosidad del reparto provincial. Durante la República, en 1936, llegó a plasmar una estructura administrativa en 38 comarcas. Pese al paso del tiempo y el cambio de circunstancias, los legisladores catalanes no se han atrevido a encarar hoy esa división con criterios renovadores, y han optado por calcar -hasta en sus mayores inconvenientes- el esquema comarcal de hace 50 años.Cuando el problema de fondo es hoy el excesivo número de municipios que tiene Cataluña, en su mayoría demasiado pequeños y débiles para poder estructurar sus servicios y tener capacidad para enfrentarse a los intereses especulativos de los urbanizadores, el Parlamento autónomo ha renunciado a abordarlo. Consciente de las luchas partidistas que dominan la Cámara, en vez de reorganizar el territorio potenciando la fusión de municipios y mancomunando esfuerzos y competencias -para lo cual habría sido necesario un complejo consenso-, el Parlament ha optado por lo fácil: acogerse a la nostalgia de las comarcas de 1936.

El esquema adoptado no responde a la realidad territorial actual, en la que claramente existe una gran zona metropolitana, que comprende casi media provincia de Barcelona; otro amplio polo industrial alrededor de Tarragona y Reus, y dos áreas naturales con características específicas: la de alta montaña en el Pirineo y la.articulada por el eje del Ebro. Frente a esto, las 38 comarcas son pura arqueología, y se justifican sólo como una malla política que se echa sobre los municipios para drenar hacia Convergència i Unió una parte del poder municipal que las umas atribuyen a los demás partidos.

El planteamiento de fondo de la reforma es diluir las cuatro provincias actuales, vaciando las competencias de sus diputaciones hasta el mínimo tolerado por la legislación española y apuntando hacia un futuro en que toda Cataluña sería una única provincia coincidente con la superficie controlada por la Generalitat. La nueva Administración comarcal efectuaría el control o la coordinación de los ayuntamientos. El proyecto comporta también la desaparición de los cuatro gobiernos civiles, limitando la representación de la Administración central a la Delegación del Gobierno. Los socialistas ya han expresado su oposición.

A corto y medio plazo esta reforma supondrá la superposición de esa estructura comarcal a las administraciones ya existentes. Nacen una nueva burocracia y 38 pequeños parlamentos -los consejos comarcales-, y se crean novedosos escenarios para la lucha política. Al imponer Convergéncia sin matices su mayoría absoluta en el Parlament ha conseguido que, desde el punto de vista representativo, queden primadas de hecho las pequenas localidades rurales frente a las aglomeraciones urbanas. Así, a pesar del equilibrio numérico existente en el voto municipal global de los catalanes, si se aplicase el sistema de elección previsto por la ley a los resultados de las municipales de 1983, el partido de Pujol -solo o aliado con Alianza Popular o Esquerra Republicana- podría formar Gobierno en 32 comarcas, mientras la izquierda únicamente podría hacerlo en cinco. Algunos retoques de última hora han acentuado esta tendencia, hasta el punto de que CiU podría, en algunos consejos comarcales, ver primada su representación. Esta división del territorio, completada en el futuro con la ley electoral catalana que tiene prevista Pujol, reconducirá previsiblemente en la misma dirección de prima a los sectores rurales los resultados de las elecciones autonómicas.

Convergència ha logrado la aprobación de la nueva normativa sin presentar al Parlament ninguna memoria solvente ni sobre lo que costará crear el nuevo escalón administrativo, ni sobre el impacto económico que supondrá, ni sobre el modo de financiarlo. Y las leyes tampoco aclaran hasta dónde llegarán las competencias de cada una de las administraciones sobre cada uno de los temas, lo que, teniendo en cuenta que por el momento van a coexistir ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones provinciales, Generalitat y la Delegación del Gobierno, proporcionará complej as dudas metafisicas a los ciudadanos a la hora de efectuar cualquier gestión burocrática.

Se ha desaprovechado la oportunidad histórica de replantear la ordenación territorial de Cataluña. Hasta ahora existía en esta comunidad el compromiso tácito de consensuar los grandes temas de la vida autonómica, y también eso se ha quebrado en esta ocasión. Los recelos de Pujol ante la potenciación de la ciudad de Barcelona llegaron a niveles de paroxismo tras la designación olímpica. Lo que en principio Convergéncia dibujaba como un simple recorte de la proyección del alcalde barcelonés, su primiendo la corporación metropolitana presidida por Maragall, ha degenerado hasta convertirse en una sinrazón global. Desgraciadamente, en un tema tan serio, el interés partidista ha vuelto a ganarle la partida a la racionalidad.