El acuerdo es posible
El Sindicato de Estudiantes ha sido una de las organizaciones que más ha destacado en la dirección de la protesta estudiantil que desde el pasado mes de diciembre paraliza la enseñanza media estatal en toda España. La ausencia de horizonte para la juventud está en el origen de una protesta que combina las reivindicaciones académicas con otras de contenido político. El Ministerio de Educación expresa su punto de vista mediante su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido el interlocutor de los estudiantes. Estas dos argumentaciones no agotan los puntos de vista de las fuerzas pol...
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El Sindicato de Estudiantes ha sido una de las organizaciones que más ha destacado en la dirección de la protesta estudiantil que desde el pasado mes de diciembre paraliza la enseñanza media estatal en toda España. La ausencia de horizonte para la juventud está en el origen de una protesta que combina las reivindicaciones académicas con otras de contenido político. El Ministerio de Educación expresa su punto de vista mediante su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido el interlocutor de los estudiantes. Estas dos argumentaciones no agotan los puntos de vista de las fuerzas políticas y de los estudiantes, ni de sectores sociales interesados en el debate.
Estudiantes de enseñanzas medias protagonizan desde hace varías semanas una protesta cuyas reivindicaciones apuntan, básicamente, a una mejora de la calidad de la enseñanza, la eliminación de barreras selectivas, sociales y académicas para acceder a la Universidad y el rechazo de un futuro que contemplan con una mezcla de desánimo, temor e incertidumbre.El estallido de violencia que el pasado viernes conocieron las calles de Madrid, y del que pueden dar doloroso testimonio tanto estudiantes como policías y transeúntes, supone un indeseado giro en los acontecimientos que debe apelar al sentido de la responsabilidad y al coraje cívico de las partes implicadas en el conflicto. Ya en anteriores manifestaciones brotaron signos preocupantes de desgarro que, sin embargo, no alcanzaron las cotas de extremada violencia que pudieron contemplar por televisión millones de espectadores el pasado viernes. Ello nos obliga a todos los que estamos comprometidos con la mejora de la educación, ya sea desde un puesto de responsabilidad en la Administración educativa o desde el pupitre de un instituto, a establecer una demarcación radical entre quienes buscan dar solución cabal a problemas educativos y quienes pretenden servirse de ellos para arrastrar a miles de jóvenes a una espiral violenta.
La protesta estudiantil es legítima, como lo es toda protesta expresada con métodos pacíficos en una sociedad democrática. Coherentes con esta convicción, los responsables del Ministerio de Educación y Ciencia hemos mantenido desde el comienzo del conflicto una actitud dialogante y abierta a la negociación. Esta actitud, no siempre fácil dada la cambiante tabla reivindicativa y la mudable identidad de nuestros interlocutores, se va a mantener con la misma convicción. Aun cuando somos conscientes de que la legitimidad de una protesta no es garantía de que las reivindicaciones en ella enarboladas sean razonables, socialmente justas y mayoritariamente deseadas, no escatimaremos ningún esfuerzo en alcanzar un entendimiento.
Jóvenes que recitan
Hasta ahora, desgraciadamente, algunos de los interlocutores con quienes nos hemos reunido en diversas ocasiones, todos ellos pertenecientes a las organizaciones estudiantiles de reciente creación que han convocado la protesta, no parecen compartir las mismas convicciones. En algunos casos, más parecen jóvenes que recitan una doctrina aprendida que persigue "la agudización de las contradicciones del sistema" que genuinos representantes de una generación que desea aprender más y mejor.El Ministerio de Educación y Ciencia comparte las aspiraciones de una inmensa mayoría de jóvenes que pretende mejorar la calidad de la enseñanza. No sólo por salvaguardar la mayor solvencia del título académico que obtengan. Ese deseo también responde al convencimiento de que la extensión de la oferta educativa y la elevación del nivel cultural de la ciudadanía son rasgos consustanciales a las sociedades democráticas avanzadas y, por consiguiente, objetivos posibles para nuestro país.
En los últimos años los gobiernos de la democracia, y de modo especial los gobiernos socialistas, vienen llevando a cabo el mayor esfuerzo político presupuestario y pedagógico en favor del servicio público de la educación que ha conocido nuestro país desde la II República. El olvido de este hecho, amén de suponer una actitud frívola y cicatera, conduciría a una apreciación distorsionada de nuestro sistema educativo. De su realidad y de la evolución que ha conocido en los últimos años.
De la misma forma, silenciar el hecho de que numerosos institutos y centros de formación profesional, ubicados sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, soportan en estos momentos los efectos de la explosión demográfica que conoció España en la década de los setenta y de la vertiginosa ampliación de la escolaridad experimentada en los últimos años (superior a un 10%. en cuatro años), sería presentar una fotografía incompleta de lo que hoy piden los estudiantes y, sobre todo, de por qué lo piden.
Actitud abierta
En la negociación de legítimas aspiraciones educativas los estudiantes encontrarán siempre en los actuales responsables del Ministerio de Educación y Ciencia una actitud abierta y dialogante. Ello no supone ningún mérito para quienes desempeñamos tareas de responsabilidad en este departamento. Sería sencillamente injustificable que ocurriese de otra forma en un Gobierno democrático y de izquierdas. Este departamento, aunque sólo fuere por simple sensibilidad pedagógica, no puede considerar al conjunto de los estudiantes como un adversario.Por el contrario, siempre consideraremos a los estudiantes como interlocutores y destinatarios principales de la reforma educativa iniciada por el Gobierno socialista. Ése y no otro es el sentido que ha tenido la apertura de cauces de participación de los estudiantes en la gestión de los centros que estableció la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE).
Estamos dispuestos a negociar cuantas horas sea preciso para conseguir la mejora de la infraestructura de los centros y de las condiciones de estudio e impartición de la docencia. A dialogar cuanto sea necesario sobre la política de becas que habrá que proseguir para que la escasez o ausencia de recursos económicos no sea un impedimento para cursar estudios superiores. Invertiremos el tiempo que sea imprescindible a fin de establecer la forma más objetiva de verificar los requisitos académicos que debe reunir cualquier nuevo universitario.
En el terreno específicamente escolar existe, entre los responsables del Ministerio de Educación y Ciencia, el convencimiento de que el acuerdo con los estudiantes es posible y deseable. En esa dirección van a proseguir nuestros esfuerzos. Con la esperanza, además, de encontrar el mismo talante en las organizaciones estudiantiles convocantes de la protesta.
Los próximos días nos van a permitir a todos comprobar caso por caso si las pretensiones negociadoras esgrimidas por cada una de las diversas plataformas y organizaciones estudiantiles existentes responde al propósito sincero de alcanzar acuerdos que mejoren la educación española o desempeñan la función de mera coartada para proseguir una movilización sin horizonte.
Alfredo Pérez Rubalcaba es secretario general del Ministerio de Educación y Ciencia.
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