El sindicato 'no oficialista' de los 'mossos' critica a la Generalitat por no legalizarlo
Los dirigentes del Sindicat Unitari de Mossos d'Esquadra (SUME), de carácter no oficialista, que intentan desde hace seis meses legalizar el colectivo, responsabilizan a la Generalitat de las trabas burocráticas que le impiden abandonar la clandestinidad. La documentación para la legalización del SUME se encuentra desde el 4 de diciembre en poder de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que dispone de un plazo de un mes para dar una respuesta. Por ahora, dos departamentos de la Generalitat se han declarado incompetentes en el tema.
Los abogados asesores del sindicato presentaron ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Los dirigentes del Sindicat Unitari de Mossos d'Esquadra (SUME), de carácter no oficialista, que intentan desde hace seis meses legalizar el colectivo, responsabilizan a la Generalitat de las trabas burocráticas que le impiden abandonar la clandestinidad. La documentación para la legalización del SUME se encuentra desde el 4 de diciembre en poder de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que dispone de un plazo de un mes para dar una respuesta. Por ahora, dos departamentos de la Generalitat se han declarado incompetentes en el tema.
Los abogados asesores del sindicato presentaron primero la documentación en la Dirección General de Entidades Jurídicas y de Derecho, dependiente del Departamento de Justicia, aconsejados por altos cargos de la Generalitat.Sin embargo, la dirección general se declaro incompetente antes de que expirara el plazo de 20 días para legalizar el sindicato.
El 14 de noviembre el SUME planteó una nueva petición ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC), dependiente del Departamento de Trabajo, tras haber estudiado el proceso seguido en la policía autonómica vasca (Ertzantza).
Erne, el sindicato no oficial y mayoritario de la Ertzantza, había sido legalizado por la Consejería de Trabajo después de importantes litigios procesales y políticos. Sin embargo el mismo departamento de la Generalitat devolvió la documentación, alegando que tampoco era la instancia competente.
El 4 de diciembre dirigentes y asesores del SUME insistieron por tercera vez. En esta fase del peregrinaje presenta ron la documentación en el Registro General de Seguridad Ciudadana, dependiente del Departamento de Gobernación, dirigido por Agustí Bassols, miembro de Unió Democrática, el pequeño partido democristiano coligado con Convergéncia.
El SUME, que cuenta con unos 65 afiliados, sobre un colectivo de 637 mossos, ha planteado ya acciones contra la semana de 48 horas, o de la existencia de presuntos favoritismos.
En la policía autonómica catalana existe otro sindicato, la Unió de Policía de Catalunya (UPC), de carácter mayoritario y considerado oficialista.
La UPC está vinculada al Sindicat de Quadres de Catalunya, una organización próxima a Convergéncia i Unió (CiU). Según el SUME, en Cataluña se reproduce el esquema del País Vasco en el que el sindicato oficial de la Ertzanta está amparado por ELA-STV, vinculada al PNV.