Un fiscal afirma que la delincuencia disminuiría si se legalizara la droga
El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de la cárcel Modelo de Barcelona, Antoni Gispert, se mostró ayer partidario de legalizar el consumo de cualquier droga, incluidas las denominadas duras, como la heroína y la cocaína, con el fin de conseguir rebajar el índice de delincuencia.
En opinión de este fiscal, el sistema sancionador y de represión aplicado hasta ahora por la legislación española contra el tráfico de drogas y la delincuencia derivada de éste es un fracaso. Gispert hizo estas afirmaciones durante unas jornadas sobre droga y delincuencia juvenil organizadas por el Co...
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El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de la cárcel Modelo de Barcelona, Antoni Gispert, se mostró ayer partidario de legalizar el consumo de cualquier droga, incluidas las denominadas duras, como la heroína y la cocaína, con el fin de conseguir rebajar el índice de delincuencia.
En opinión de este fiscal, el sistema sancionador y de represión aplicado hasta ahora por la legislación española contra el tráfico de drogas y la delincuencia derivada de éste es un fracaso. Gispert hizo estas afirmaciones durante unas jornadas sobre droga y delincuencia juvenil organizadas por el Colegio de Abogados de Barcelona.
Gispert señaló que entre un 70% y un 80% de los delitos que se cometen en nuestro país están relacionados directamente con el consumo y tráfico de drogas. En su opinión, la mayoría de estos delitos se efectúa con la finalidad exclusiva de obtener el dinero necesario para adquirir las dosis de heroína.
De esta forma, según la tesis legalizadora expresada por el fiscal, los delitos disminuirían en una proporción considerable, puesto que, al legalizar las drogas, los precios de este mercado bajarían en una proporción suficiente como para que los adictos no tuvieran que delinquir con el objetivo de lograr el dinero para las dosis.
Respecto a la contradicción que llevaría consigo la postura de despenalizar las drogas con el texto del artículo 344 del Código Penal, Antoni Gispert sostuvo que el Estado se debería limitar a articular los mecanismos para prevenir el consumo mediante una educación adecuada, pero no imponiendo un sistema sancionador "porque los resultados han mostrado que es un fracaso". De la misma experiencia", añadió, "se desprende que es más costosa la prohibición que la legalización".