¿Jugamos a policías y jueces?

Los recuerdos infantiles retienen como juego al aire libre el de policías y ladrones, bandas rivales que se enfrentan lúdicamente procurando la primera detener a los componentes de la segunda, a la vez que impedía que alguno de los ladrones aún sueltos liberara contactando a los ya detenidos que, cogidos de la mano, se encontraban en la comisaría. En ese juego no figuraban los jueces, pero quizá en breve pueda producirse una reconversión en la que tercie un nuevo conjunto de participantes constituido por los jueces, o, lo que resultaría aún más grave, que la banda de los ladrones...

Los recuerdos infantiles retienen como juego al aire libre el de policías y ladrones, bandas rivales que se enfrentan lúdicamente procurando la primera detener a los componentes de la segunda, a la vez que impedía que alguno de los ladrones aún sueltos liberara contactando a los ya detenidos que, cogidos de la mano, se encontraban en la comisaría. En ese juego no figuraban los jueces, pero quizá en breve pueda producirse una reconversión en la que tercie un nuevo conjunto de participantes constituido por los jueces, o, lo que resultaría aún más grave, que la banda de los ladrones desapareciera de esta modalidad de retozo infantil para ser sustituida por la banda de los jueces, surgiendo la pugna lúdica entre jueces y, policías en versión bipolar en vez de triangular.Las tensiones entre el poder policial (brazo coactivo del poder ejecutivo) y el poder judicial, que permiten pensar en un futuro divertimiento pueril que enfrente ambos poderes en confrontaciones que puedan ganar uno u otro grupo, han sido diversas e importantes en los últimos tiempos.

Por una parte, la escandalosa desobediencia de unos guardias civiles a la orden de comparecer ante una juez de Bilbao, merced a convertir caprichosamente dicha orden en manifiesta, clara y terminantemente ilegal por el Gobierno de la nación, con posterior actuación pilatosiana del Consejo General del Poder Judicial.

Todos buenos

Por otro lado, las interpretaciones discrepantes de los jueces de Madrid y de la Delegación del Gobierno -policía- de la misma capital respecto a cuándo las detenciones son legales o ilegales, así como las críticas, veladas o expresas, a los jueces y tribunales, dimanantes de las comisarías o del mismo Gobierno, relativas a la tibieza de los jueces en la lucha contra la inseguridad ciudadana o el terrorismo, y, en fin, un sinnúmero de cuestiones legalmente mal resueltas e indebidamente mantenidas en leyes recientes, tales como la inexistencia de una policía judicial exclusiva y completamente sometida a los jueces, la confusión y profusión de supuestos en que puede o debe practicarse la detención, la existencia de un fuero policial heredado del franquismo con tendencia expansiva, la divergente formación y acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado respecto a la Administración de justicia ' etcétera.

Si de un juego infantil se tratase, podría plantearse la pregunta de quiénes serían los buenos y los malos en esta confrontación, pregunta baladí en el tradicional pasatiempo infantil, pues, dejando al margen conclusiones de la criminología crítica, estaba claro que los buenos eran los policías y los malos los ladrones, aun cuando no sólo los primeros respetaran las reglas del juego. La verdad es, pasando de la imaginaria y divertida figura infantil al drama real[, que tanto los jueces y magistrados como los policías son, en términos generales, buenos o, por lo menos, ni más buenos ni más malos que los restantes ciudadanos.

Siendo casi todos buenos, ¿por qué existen tensiones? Obviamente por razones estructurales, legales, institucionales, es decir, por todo menos por razones personales, y mientras no se afronten con valentía, los problemas y se adopten las soluciones a tales cuestiones, las tensiones serán inevitables y se repetirán una y mil veces, para vergüenza de todos los que creían que bastaba con una Constitución democrática y con el acceso al poder de una fuerza política progresista como el PSOE para comenzar a superar semejantes disfuncionalidades en la verdadera lucha contra la criminalidad en general y contra el terrorismo en particular.

Gran parte de estos Iodos provienen de los polvos que levantan los diagnósticos y tratamientos infantiles y simplificadores, relativos a la inseguridad ciudadana y al terrorismo. Se dice que con dureza, con autoridad, con autonomía policial, con decisión, con mano firme, etcétera, se podía acabar con la delincuencia común y terrorista. En primer término habría que decir que, efectivamente, la eficacia policial es importante a tales efectos, pero tal eficacia tiene poco que ver con la dureza, el autoritarismo, la tortura y la autonomía policial, y sí más bien con técnicas criminalísticas modernas, dotación de medios, no malempleando a funcionarios policiales escribiendo a máquina, etcétera.

Pero, además, dicha eficacia no es incompatible, sino todo lo contrario, con una actuación policial y judicial coordinada, respetuosa. con los derechos humanos, pues, al margen de éxitos puntuales y muchas veces más aparentes que verdaderos, la policía y la justicia sólo se cargan de razón (particularmente frente al terrorismo) si no se exceden, pues de lo contrario estarán legitimando indirectamente a los delincuentes en general y, muy particularmente, a los terroristas, por reacción social a dichos excesos -torturas- que, si no son reales, basta con que sean aparentes por culpa de monstruosas excepciones como los 10 días de detención policial que prevé la legislación antiterrorista. Unos -autoritarios- y otros -filoterroristas- lo que sí logran es intoxicar -desinformar- a una opinión pública poco crítica, convirtiendo la democracia en demagogia contraria a los derechos humanos.

Una de las reformas ineludibles es la supresión del llamado fuero policial, del injustificado privilegio atentatorio contra la igualdad ante la ley que proclama la Constitución, consistente en que a un miembro de la policía o de las fuerzas de seguridad del Estado, cual si no fuera un ciudadano normal, sólo pueda procesarle la Audiencia Provincial en vez del juez instructor, cuando los directores generales, los subsecretarios y demás altos funcionarios no gozan de tal especialidad.

Está, pues, justificada la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, frente a lo dispuesto en la nueva ley de Cuerpos y Seguridad del Estado, que actualiza un invento franquista, porque semejante privilegio carece de sentido si, como opinan acertadamente algunos, sólo se debe sustraer a un juez de instrucción la potestad de procesar cuando, por la categoría del procesable (ministro, senador, diputado, etcétera), carezca de la necesaria libertad para hacerlo, por considerarse de menor categoría Funcional. Si debe desaparecer este fuero, cuanto más resultará improcedente ampliarlo, reseñando tal competencia a la Audiencia Nacional.

Colaboración

Al profundizar en la tensión o tensiones entre la policía y los jueces, entre el poder ejecutivo y el judicial, en relación con la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, se aprecia que las cosas, las estructuras, no están bien montadas, porque, de lo contrario, no surgirían fricciones en lo que debería ser colaboración o continuidad de funciones.

Es preciso replantear globalmente los problemas de la justicia penal, modificando leyes antiguas -ley de Enjuiciamiento Criminal- y recientes -leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Policía-, construyendo nuevas estructuras en las que la policía que actúe en la detención de posibles delincuentes y la investigación de los delitos dependa exclusivamente del poder judicial (manteniendo autonomía sólo en sus funciones preventivaso de vigilancia), el ministerio fiscal asuma protagonismo acusatorio en la fase preparatoria -sumarial- del proceso penal (relevando a los jueces de la parcialidad derivada de su ccndición actual de inquisidores), se agilicen los procedimientos y el poder ejecutivo o policial renuncie a una independencia tan impropia como ineficaz y, en cambio, respete la debida independencia judicial.

No es, pues, deseable que en el futuro surja un nuevo juego infantil, en el que resulten enfrentados jueces y policías.