Prohibido decir adiós

Aunque no puedo afirmarlo a ciencia cierta, porque no conozco, ni de vista ni de oídas, a los responsables de la actual política portuaria de Palma de Mallorca -ciudad de la que soy natural y en la que he pasado mis últimas vacaciones veraniegas-, malicio que entre ellos pueda existir algún pintoresco e influyente personaje constantemente obsesionado por demostramos a todos la omnímoda e ilimitada fuerza del cargo que desempeña. Al menos, eso es lo que cabe deducir, con lógica elemental, de los más recientes y sonados acontecimientos acaecidos en las instalaciones de su competencia.Impedir que...

Aunque no puedo afirmarlo a ciencia cierta, porque no conozco, ni de vista ni de oídas, a los responsables de la actual política portuaria de Palma de Mallorca -ciudad de la que soy natural y en la que he pasado mis últimas vacaciones veraniegas-, malicio que entre ellos pueda existir algún pintoresco e influyente personaje constantemente obsesionado por demostramos a todos la omnímoda e ilimitada fuerza del cargo que desempeña. Al menos, eso es lo que cabe deducir, con lógica elemental, de los más recientes y sonados acontecimientos acaecidos en las instalaciones de su competencia.Impedir que los familiares y amigos puedan despedir tranquilamente a los viajeros de las líneas marítimas que unen la isla con la Península, prohibiendo a aquéllos acercarse al costado de los buques, como era tradicional hasta hace poco, y sigue siéndolo en otros puertos, empleando con tal propósito separador fuertes barreras, cierres a cal y canto, sólidas rejas y otros artificios más propios de las instalaciones carcelarias, amén de un nutrido tropel de celadores bien preparados al efecto, parece un notorio despropósito, y no de los baratos precisamente.

Reservar día y noche, tanto en los muelles como en el céntrico y concurrido paseo marítimo que los une, centenares de plazas de estacionamiento construidas con fondos públicos aportados por todos los contribuyentes, sobre terrenos ganados muy costosamente al mar, a unos titulados, usuarios autorizados, a los que en aquellas tierras nadie conoce ni sabe cómo han podido acceder a tan singular condición de privilegio, parece una manifiesta extravagancia, y no de las que, al menos, respetan el ordenamiento constitucional en lo tocante a igualdad de todos los españoles ante la ley.

Hasta aquí los hechos y sus apariencias. Pienso, y conmigo bastantes otros ciudadanos, que en un país del oeste de Europa, felizmente constituido hoy en Estado social y democrático de derecho, alguien tendría que explicar que dichas apariencias nos han engañado o, alternativamente, ese alguien debería plantearse la conveniencia de orientar su porvenir en términos y por derroteros más al alcance de sus auténticas posibilidades-