Los querellantes de Caja de Inversión presentan una denuncia ante Hacienda

Jerónimo Salt e Ignacio Fernández, los dos empresarios que se querellaron por estafa contra Caja de Inversión, han denunciado ante el ministro de Economía y Hacienda al Banco de España y a la Caja de Ahorros de Madrid por considerar que permitieron las irregularidades cometidas por la caja de la que fueron clientes. La denuncia se basa en el perjuicio que dicen haber sufrido tras la absorción de la entidad por Cajamadrid, a partir de un balance que consideran falso.

La caja, una cooperativa de crédito ligada a la Iglesia, estaba dirigida por el industrial José Lladró y por Vicente Ferra...

Jerónimo Salt e Ignacio Fernández, los dos empresarios que se querellaron por estafa contra Caja de Inversión, han denunciado ante el ministro de Economía y Hacienda al Banco de España y a la Caja de Ahorros de Madrid por considerar que permitieron las irregularidades cometidas por la caja de la que fueron clientes. La denuncia se basa en el perjuicio que dicen haber sufrido tras la absorción de la entidad por Cajamadrid, a partir de un balance que consideran falso.

La caja, una cooperativa de crédito ligada a la Iglesia, estaba dirigida por el industrial José Lladró y por Vicente Ferrando, ex vicario general del Arzobispado de Valencia.La denuncia, dirigida también contra Caja de Inversión y sus dos sociedades hermanas, Foica y Foicasa, se presentó en la delegación en Valencia del Ministerio de Hacienda el 11 de junio. En ella se informa que la inspección del Banco de España, Cajamadrid y los rectores de Caja de Inversión tuvieron conocimiento el 20 de septiembre de 1985, mediante cartas visadas por notario, de diversas anomalías en las cuentas de la caja.

Las misivas fueron enviadas en vísperas de la asamblea que acordaría el 11 de octubre la disolución de la cooperativa y la absorción por Cajamadrid. Ambas operaciones se realizaron con la intervención del Banco de España a partir de un balance que los denunciantes consideran falso y desajustado en unos 100 millones de pesetas, según háratificado Manuel Caro, ex director general de la caja, en su deciaracíón ante el juez.

Los denunciantes sólo recibieron un acuse de recibo del Banco de España fechado el 27 de septiembre, en el que el letrado jefe de los servicios jurídicos se comprometía a comunicarles el resultado de las averiguaciones, que habían de iniciarse antes de la disolución de la caja. La autoridad monetaria conocía a la perfección, no obstante, las anomalías de la entidad, por informes elevados en octubre de 1980 y abril de 1985 por sus servicios de inspección.

En estas inspecciones se ponía de relieve que la ampliación de capital realizada en 1979 fue ficticia: los socios principales -Foica, una sociedad de ayuda a la Iglesia, y los arzobispados de Valencia y Castellón- aportaron las cantidades requeridas con créditos cojWedidos a terceros que después fueron declarados fallidos.

Impositores de 'dinero negro'

El Banco de España descubrió que la deuda de Foica con la caja -de varios cientos de millones- estaba enmascarada por dinero negro de "titulares que deseaban ocultar su identidad". La inspección de abril de 1985 reveló que este agujero real de 250 millones fue, aparentemente, de sólo 55 hasta julio de 1983. En esa fecha esos particulares retiraron 216,5 millones y la deuda se reveló en toda su extensión. Pese a esto, según el sumario que instruye el Juzgado número 12 de Valencia, en la cuenta de Foíca, en septiembre de 1985, quedaban aún las siguientes imposiciones: Manuel Tarazona, 7.087.422 pesetas; Silvino Navarro Vidal, 4.638.075; Manuel Ríos Daudi, 4.752.084; Incusa (empresa de Silvino Navarro), 19.322.801; Manuel Pascual Gimeno, 8.988.732; y Manuel Tarazona e hijos, 51.500.000. En los documentos adjuntos a la querella se acredita que la Caja de Inversión y el Banco de España cruzaron correspondencia entre 1976 y 1985. Así, el 29 de julio de 1983, Vicente Ferrando, consejero delegado de la caja, dirige una carta a Emilio Ruiz Parra, subjefe de inspectores, en la que reconoce que existen 200 millones en imposiciones heterodoxamente documentadas", de personas distintas a los titulares de las cuentas.Una nueva carta, enviada a Joaquín Gutiérrez López el 9 de julio de 1984, afirma que aún quedan por regularizar 59 millones de pesetas de este mismo origen.

En el escrito citado, Ferrando hace propósito de enmienda y asegura que se ha hecho intentado regularizar y cobrar a morosos y que la caja se propone "eliminar toda operación atípica con Foica". Vicente Ferrando se despide diciendo: "Esperamos volver a beneficiarnos de sus orientaciones".

El 27 de julio de ese mismo año, Aristóbulo de Juan, como director general del Banco de España, escribía a José Lladró, presidente de Caja de Inversión, y le recordaba que en el primer semestre de ese año la cuenta de morosos había ascendido desde 317,9 millones de pesetas a 775,8, hasta totalizar un 45,2% de las inversiones crediticias de la entidad. Ante esta crisis, Aristóbulo de Juan recomendó a Lladró que cambiase el rumbo de la entidad, mediante "una sana política financiera e inversiones crediticias, tipos realistas de interés y austeridad en los gastos".

Consejos y realidades

El 8 de agosto, Lladró acusa recibo, afirmando: "Tomamos en cuenta sus consejos para las operaciones crediticias". En contraste con esto, en esos mismos días Caja de Inversión otorgaba dos nuevos créditos a Foica, por 115 y 15 millones, y otro más a Foicasa, una sociedad recién creada por personas allegadas a la caja, por valor de 122,5 millones, sin otra garantía que las 99.000 pesetas de capital social con que se había constituido. Foicasa traspasó 121 millones a Foica ese mismo día. Todo ello había de servir para tapar el agujero de esta entidad.