El entierro de un 'etarra'

DOS DÍAS después del fallecimiento en la prisión de Herrera de la Mancha del miembro de ETA Joseba Asensio, en condiciones que hacen razonable la sospecha de negligencia por parte de las autoridades penitenciarias, la actuación, el martes por la noche, de la policía, tendente a impedir la presencia del féretro que contenía los restos del etarra en un acto organizado por Herri Batasuna en Bilbao, ha sido no sólo brutal, sino también estúpida.La ilegalidad del acto programado por la coalición abertzale no justifica la pretensión de la fuerza pública de llevarse el féretro, a golpes...

DOS DÍAS después del fallecimiento en la prisión de Herrera de la Mancha del miembro de ETA Joseba Asensio, en condiciones que hacen razonable la sospecha de negligencia por parte de las autoridades penitenciarias, la actuación, el martes por la noche, de la policía, tendente a impedir la presencia del féretro que contenía los restos del etarra en un acto organizado por Herri Batasuna en Bilbao, ha sido no sólo brutal, sino también estúpida.La ilegalidad del acto programado por la coalición abertzale no justifica la pretensión de la fuerza pública de llevarse el féretro, a golpes y en contra de los deseos de los familiares de Joseba Asensio, directamente al cementerio. El simple respeto al dolor ajeno exigía otro comportamiento. Tambien lo exigían la prudencia política y el sentido común, que demandan hoy la dimisión o la destitución del gobernador y la censura sin paliativos de esta nueva actuación de un Ministerio del Interior caracterizado no por la ternura que inspira su titular -contra lo que él supone-, sino por la preocupación que suscita su torpeza.

No discutimos la ilegalidad del acto preparado por Herri Batasuna, por más que sus representantes aseguren que contaban con la autorización de la Junta Electoral de zona. El artículo 54 de la Norma Básica de Régimen Electoral atribuye a las juntas electorales provinciales la competencia para autorizar "la celebración de actos públicos de la campaña electoral". Pero sólo una abusiva interpretación del concepto de acto electoral permitiría incluir en él al organizado el martes en Bilbao. Por lo demás, esa misma norma establece que "en todo caso, se mantienen las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público, y con ese fin, las juntas electorales deberán informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada". El Gobierno Civil de Vizcaya insiste en que se trataba de un acto ilegal por cuanto, informado por la junta electoral provincial de la pretensión de Herri Batasuna, y considerando previsible que se produjera "alteración de la paz ciudadana, como posteriormente los hechos sucedidos vinieron a corroborar", decidió no autorizarlo. Efectivamente, era previsible que la consecuencia de pretender zanjar la cuestion mediante el secuestro a la brava del cadáver produjera "alteración" tanto de los nervios como de "la paz ciudadana".

El problema reside, sin embargo, en saber si no fue precisamente la absurda decisión inicial del Gobierno Civil la que originó lo sucedido después: el envío de reftierzos al lugar de los hechos, el acosamiento a los inspectores por los asistentes, los disparos con fuego real por parte de los acosados y las cargas indiscriminadas por parte de la fuerza pública, con el balance de cerca de 50 personas heridas. Existe suficiente experiencia acumulada en el País Vasco como para saber que esa secuencia de acontecimientos era perfectamente previsible. Obligación de los responsables políticos era haberla tenido en cuenta antes de que los hechos convirtieran en tautología la argumentación del gobernador.

Esa misma experiencia hubiera aconsejado responsabilizar a la policía autónomica vasca, y no a la policía nacional, de garantizar el respeto del orden público y la legalidad en el curso del acto programado por Herri Batasuna. Si existe algún obstáculo legal a esa imbricación de la Ertzantza en situaciones como la del martes en Bilbao, ha de ser removido cuanto antes. Los ciudadanos, que pagan los impuestos con que se financian los cuerpos de seguridad y los sueldos de los cargos públicos, tienen derecho a exigir que los gobernantes resuelvan los problemas y no se dediquen a empeorarlos, como en este caso. La policía vasca surgió, hace ya un lustro, para evitar que se produjeran situaciones como esta que comentarnos.

En su reciente sentencia sobre la inscripción de Herri Batasuna en el registro de partidos políticos, que suponía la legalización de dicho grupo, los magistrados hacían constar expresamente que tal legalización implicaba la obligación por parte del nuevo partido de desarrollar su actividad "dentro de los límites lícitos estatutarios" y de respetar la ley, advirtiendo que, en caso contrario, podría incurrir "en causa de disolución". A Herri Batasuna no cabe exigirle que renuncie a su ideología, pero sí que la defienda por medios pacíficos y en el respeto a la legalidad democrática. Ésa, y no la conducta elegida por el Gobierno Civil de Vizcaya, debiera haber sido la actitud adoptada el pasado martes.