Reprivatización de un canal de la TV francesa y cancelación de los dos canales privados
El presidente de la República, François Mitterrand, ha acogido con "extrema reserva" el proyecto de ley de Reorganización del Sector Audiovisual, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que supone la privatización del primer canal de la televisión pública (TF1) y la rescisión de los contratos de los dos canales privados actuales (la 5 o Teleberlusconi y la 6 o Telemusical), que serán adjudicados de nuevo posteriormente. Mitterrand deplora el contenido del proyecto de ley, pero no entrará a discutir en detalle las medidas previstas en el mismo, según señalaron s...
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El presidente de la República, François Mitterrand, ha acogido con "extrema reserva" el proyecto de ley de Reorganización del Sector Audiovisual, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que supone la privatización del primer canal de la televisión pública (TF1) y la rescisión de los contratos de los dos canales privados actuales (la 5 o Teleberlusconi y la 6 o Telemusical), que serán adjudicados de nuevo posteriormente. Mitterrand deplora el contenido del proyecto de ley, pero no entrará a discutir en detalle las medidas previstas en el mismo, según señalaron sus portavoces.El largo y complicado texto desmantela el monopolio público en los sectores de producción, programación y difusión y transfiere la mayoría de las competencias del Estado en materia audiovisual a un nuevo organismo, independiente, que se llamará Comisión Nacional de la Comunicación y las Libertades.
Los grupos que obtuvieron en su día la concesión de la 5 y de la 6 tendrán derecho a indemnización por los eventuales perjuicios sufridos. Tanto Silvio Berlusconi y sus asociados, como los actuales responsables de la 6, podrán seguir emitiendo hasta que entre en vigor la nueva ley, probablemente a primeros de otoño.
Ya no será el Gobierno quien elija a los operadores de televisión privada sino la mencionada Comisión Nacional, que estará formada por nueve vocales. Seis designados por el presidente de la República, los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, el Consejo de Estado y los Tribunales de Cuentas y de Casación.
El proyecto de ley establece también que nadie podrá adquirir más del 25% del capital de una televisión privada y que los extranjeros sólo podrán poseer un 20%.