La televisión privada se quedó en la puerta

La gran ley pendiente de los cuatro años de gestión socialista dentro del área de la comunicación es la relativa a las concesiones de canales privados de televisión. Se ha quedado a las puertas, pero no ha entrado en el Parlamento, debido quizá a su complejidad y a la voluntad política del Gobierno de retrasar esta decisión. También han quedado a las puertas las grandes reformas -ya diseñadas- en la radiodifusión, ocupación y control del espectro radioeléctrico. A todo esto hay que añadir el intento frustrado de reforma del estatuto de Radiotelevisión Española.En el capítulo de haberes cabe re...

La gran ley pendiente de los cuatro años de gestión socialista dentro del área de la comunicación es la relativa a las concesiones de canales privados de televisión. Se ha quedado a las puertas, pero no ha entrado en el Parlamento, debido quizá a su complejidad y a la voluntad política del Gobierno de retrasar esta decisión. También han quedado a las puertas las grandes reformas -ya diseñadas- en la radiodifusión, ocupación y control del espectro radioeléctrico. A todo esto hay que añadir el intento frustrado de reforma del estatuto de Radiotelevisión Española.En el capítulo de haberes cabe reseñar que el Gobierno del PSOE consiguió que el Parlamento aprobara., a finales de 1983, la llamada ley del tercer canal, por la que se permitía la creación de las televisiones autonómicas; se apuntó al año siguiente la liquidación de la prensa del Estado e hizo posible la promulgación por primera vez de una ley de ayudas económicas a las empresas y agencias informativas. El mismo año -1984- se aprobó también la ley de Derecho de Rectificación y Réplica.

Los ensayos previos para conceder canales privados de televisión se intentaron, en fase de borrador, en el anteproyecto de ley de Ordenación de las Comunicaciones (LOC), preparado por el ministro Enrique Barón. Cayó Barón del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y su sucesor, Abel Caballero, ha diseñado otro borrador, la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), que afecta a la televisión pero únicamente en el sustrato técnico. El borrador de ley de televisiones privadas ha sido preparado directamente por Presidencia del Gobierno. Su contenido todavía no ha sido dado a conocer explícitamente.

Prensa del Estado

Los parlamentarios del PSOE defendieron, cuando estaban en la oposición a UCD, la permanencia de la prensa del Estado (antigua Prensa del Movimiento), y, sin embargo, a los dos años de llegar al Gobierno, hicieron lo que no hizo UCD: subastar la prensa de titularidad estatal. Esta medida supuso una readaptación de personal en toda regla, aunque, a diferencia de lo que sucedió en otros sectores, los trabajadores de Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) permanecieron en su mayoría (más de 3.000) en la Administración.Fue el año 1984, justo a la mitad de su mandato. Ese año pasará a la historia de los medios de comunicación en España por este hecho y por algunas cosas más en materia de Prensa. Parece éste un año mágico, porque en él se concentraron otras grandes, pequeñas o medianas acciones del PSOE en el ámbito de la Prensa: la promulgación de la ley de Derecho de Rectificación y Réplica en los medios de comunicación y la ley de Concesión de Ayudas a Empresas Periodísticas y Agencias Informativas.

La ley de ayudas a la Prensa encerraba dos novedades importantes: era la primera vez que se distribuían de acuerdo con una ley, y de las ayudas por reconversión tecnológica les serían descontadas a las empresas las deudas líquidas, vencidas y exigibles que tuvieren con el Tesoro Público. Los empresarios de prensa criticaron la ley "porque mantenía una subvención directa, más que a la difusión de ejemplares, al consumo de papel nacional".

Ni antes ni después de ese año se produjeron medidas significativas, excepto las reseñadas del tercer canal de televisión. Quedó pendiente una ley reguladora de la libertad de expresión que liquidara formalmente la ley Fraga de 1966.

El Gobierno estuvo a punto -precisamente en 1984- de aprobar esta nueva ley, pero se echó atrás porque empresarios, sindicatos y profesionales no se ponían de acuerdo a la hora conducir hacia la práctica de un estatuto de la información los escasos principios generales que iban a figurar en tal ley.