Chirac, ante la realidad del poder

CON LA primera huelga masiva en radio y televisión, choques violentos en el Parlamento y un endurecimiento visible de la actitud de los sindicatos, el Gobierno de Chirac se enfrenta, a los dos meses de su formación, con dificultades mayores de las previstas. Cuando Chirac hizo pública su decisión de asistir a la cumbre de Tokio, algunos comentaristas creyeron que ello provocaría el estallido de la cohabitación. Sin embargo, un inteligente encaje de bolillos, con el retraso de su llegada y con permanentes consultas entre los asesores del presidente y del primer ministro, permitió ...

CON LA primera huelga masiva en radio y televisión, choques violentos en el Parlamento y un endurecimiento visible de la actitud de los sindicatos, el Gobierno de Chirac se enfrenta, a los dos meses de su formación, con dificultades mayores de las previstas. Cuando Chirac hizo pública su decisión de asistir a la cumbre de Tokio, algunos comentaristas creyeron que ello provocaría el estallido de la cohabitación. Sin embargo, un inteligente encaje de bolillos, con el retraso de su llegada y con permanentes consultas entre los asesores del presidente y del primer ministro, permitió que esa prueba pasase sin apenas incidentes y ofreciendo al exterior cierta sensación de unidad francesa en las cuestiones mundiales.En el terreno de la política interior, sin embargo, las cosas se, presentan en condiciones muy diferentes. Presionado por su mayoría, Chirac ha decidido poner en marcha, con un ritmo rápido, los puntos esenciales de sus compromisos electorales. En el terreno económico, después de derrotar una moción de censura socialista, tiene ya en sus manos una ley que le permite, mediante ordenanzas, o sea, decretos del Gobierno refrendados por el presidente de la República, tomar medidas importantes, como suprimir los controles de precios, aligerar las cargas sociales y fiscales que pesan sobre las empresas, llevar a cabo la privatización de unas 65 empresas industriales o grupos bancarios que pertenecen al Estado, algunos de ellos desde 1945. En la cuestión del terrorismo, la demagogia electoral anunciando cambios radicales en cuanto los socialistas saliesen del Gobierno ha sido desmentida por el trágico recrudecimiento de los atentados y el resurgir del nacionalismo violento en Córcega.

En este punto, la respuesta del Gobierno se ha distinguido de la política anterior por la utilización de peinados masivos, pero sin resultados visibles. Para compensar tal ineficacia operativa, Chirac ha elaborado una ley mediante la cual se amplía de dos a cuatro días el plazo de detención antes de la presentación ante el juez, y se introduce un sistema de gracias en favor de los "arrepentidos" semejante al italiano. Sin embargo, la novedad más llamativa está fuera del ámbito de lo legal: el ministro del Interior, Charles Pasqua, un derechista de combate, ha anunciado que la policía recompensará con sumas de dinero a quienes faciliten informaciones sobre actividades terroristas. Método que, además de repugnar a toda conciencia democrática, es sumamente peligroso porque estimula toda clase de delaciones atraídas por el lucro.

Las últimas noticias indican que Chirac va a encontrarse con obstáculos particularmente serios en dos terrenos: por un lado, se está produciendo una reacción enérgica y coincidente de los diversos sindicatos ante las medidas regresivas, en el plano social, programadas por el nuevo primer ministro. Por otro lado, la reforma del sistema electoral, pasando del proporcional al mayoritario, ha creado al Gobierno serias dificultades, obligándole a pedir un voto de confianza para evitar interminables debates parlamentarios.

La reforma electoral es decisiva para Chirac en su objetivo de que la derecha obtenga una mayoría sustancial y estable en las próximas elecciones legislativas, que con toda probabilidad seguirán a las presidenciales de 1988. Ahora bien, el sistema mayoritario implica casi con toda seguridad la eliminación del Parlamento del Frente Nacional de Le Pen y de los comunistas, que obviamente votarán a favor de la moción de censura. Por añadidura, el llamado découpage, o sea, la nueva configuración de las circunscripciones electorales, que favorece o perjudica a unos u otros partidos, ha enfrentado duramente a Chirac y Giscard d'Estaing en función de los beneficios que se derivan para el RPR frente al UDF, partidos que encabezan, respectivamente, uno y otro.

En todo caso, no hay que olvidar que Francia vive en cierto modo una etapa de transición: el verdadero objetivo de Chirac es preparar su éxito en las elecciones presidenciales de 1988, y ello le exige demostrar que es capaz tanto de aplicar el programa de la derecha como de gobernar con una visión nacional, por encima de partidismos.

En esta coyuntura, los sondeos indican un ascenso del apoyo popular a Mitterrand, y éste empieza a descubrir sus armas. Constitucionalmente, el presidente de la República dispone de tres instrumentos para oponerse al Gobierno: disolver el Parlamento, convocar un referéndum o dimitir, provocando así una anticipada elección presidencial. Mitterrand ha dicho claramente que no utilizará los dos primeros, pero sí que dimitirá en él caso de que alguna medida del Gobierno amenace "la unidad de Francia" u otro límite que considere fundamental. Tal posición constituye una verdadera espada de Damocles para Chirac, porque una elección presidencial anticipada es lo que menos le conviene. La evolución hacia la derecha está en marcha, pero sobre ella pesa una hipoteca que Mitterrand cultiva con eficacia.