Desde el TOP y el Ejecutivo, al Tribunal Supremo

El presidente y los dos magistrados del tribunal que votaron en favor de la absolución de Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos tuvieron responsabilidades en el aparato represivo de la dictadura franquista u ocuparon cargos gubernamentales durante aquella época o en los primeros meses del posfranquismo. El presidente, José Hijas Palacios, fue presidente del Tribunal de Orden Público (TOP) en los años sesenta, mientras que Antonio Huerta y Fernando Cotta desempeñaron altos cargos en los ministerios de Información y Turismo y de Justicia.José Hijas, que acaba de cumplir los 70 años, fue ...

El presidente y los dos magistrados del tribunal que votaron en favor de la absolución de Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos tuvieron responsabilidades en el aparato represivo de la dictadura franquista u ocuparon cargos gubernamentales durante aquella época o en los primeros meses del posfranquismo. El presidente, José Hijas Palacios, fue presidente del Tribunal de Orden Público (TOP) en los años sesenta, mientras que Antonio Huerta y Fernando Cotta desempeñaron altos cargos en los ministerios de Información y Turismo y de Justicia.José Hijas, que acaba de cumplir los 70 años, fue el sucesor de Enrique Amat en la presidencia del TOP, hasta finales de los años 60, cuando le sustituyó Francisco José Mateu, más tarde asesinado en atentado terrorista. Como consecuencia de su labor en el TOP, fue promovido a magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tras presidir la Audiencia, Territorial de Zaragoza.

Según fuentes jurídicas, José Hijas había anunciado su propósito de no intervenir en asuntos delicados durante su última etapa como magistrado, dada la proximidad de su jubilación, que se produjo el pasado día 4 de mayo, al día siguiente de firmar la sentencia. En atención a esta actitud, algunos magistrados se ofrecieron a presidir la sala que debía juzgar a Rodríguez Hermida y Varón Cobos, a lo que Hijas se opuso tajantemente.

Fernando Cotta y Márquez de Prado, de 50 años, fue director general de Justicia en 1976, siendo titular del departamento Landelino Lavilla. En aquella época, la Dirección General de Justicia tenía en su poder las competencias sobre nombramientos, ascensos, selección y régimen disciplinario de los jueces y magistrados, que posteriormente la Constitución de 1978 las atribuyó al Consejo General del Poder Judicial, independiente del Ejecutivo, aunque criticado por los magistrados conservadores, dada la elección paralamentario de sus 20 vocales.

Por último, Antonio Huerta, y Álvarez de Lara, de 69 años, es igualmente de ideología conservadora y ocupó cargos políticos durante el franquismo. En concreto, fue director general de régimen jurídico de la Prensa en el Ministerio de Información y Turismo, durante la etapa del ministro León Herrera y Esteban.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel García Miguel, magistrado progresista designado recientemente para este cargo por el Consejo General del Poder Judicial -del que tomará posesión el próximo viernes-, no pudo formar parte del tribunal que juzgó a Varón Cobos y Rodríguez Hermida, por haber sido el instructor de la causa. Como tal, García Miguel comprobó cuidadosamente las acusaciones formuladas por el fiscal.