23 alcaldes de Albarracín dimitirán si Hacienda les cobra 100 millones

Los alcaldes y concejales de los 23 municipios que integran la denominada Comunidad de Albarracín (Teruel) dimitirán en bloque si Hacienda persiste en cobrar a los ayuntamientos los cerca de 100 millones de pesetas del impuesto de sociedades por la explotación forestal (véase EL PAÍS del 21 de marzo).

Los ayuntamientos no reconocen dicha deuda y se niegan a hacerla efectiva, pues estiman que son meros gestores de las explotaciones forestales, cuyos beneficios destinan a obras, servicios y mejoras de los pueblos de la comunidad.Representantes de los municipios han mantenido ya dos reunio...

Los alcaldes y concejales de los 23 municipios que integran la denominada Comunidad de Albarracín (Teruel) dimitirán en bloque si Hacienda persiste en cobrar a los ayuntamientos los cerca de 100 millones de pesetas del impuesto de sociedades por la explotación forestal (véase EL PAÍS del 21 de marzo).

Los ayuntamientos no reconocen dicha deuda y se niegan a hacerla efectiva, pues estiman que son meros gestores de las explotaciones forestales, cuyos beneficios destinan a obras, servicios y mejoras de los pueblos de la comunidad.Representantes de los municipios han mantenido ya dos reuniones con altos cargos de Hacienda en las que sólo han conseguido cierta predisposición por parte de la Administración para conmutarles el recargo del 50% con el que fueron sancionados por no pagar la deuda en el plazo establecido.

La representación de la comunidad pudo comprobar cómo Hacienda desconocía la situación real de los 23 pueblos, que suman unos 5.000 habitantes, están considerados como zona deprimida y arrojan los índices socioeconómicos más bajos de todas las comarcas aragonesas.

Representantes de los 23 municipios celebraron el pasado viernes una reunión en la que se analizó la situación del conflicto y se propusieron las acciones futuras a realizar: recogida de firmas entre todos los vecinos de la comunidad para enviarlas a Hacienda, mostrando de esta manera la discriminación de que son objeto, pues se trata de los únicos municipios de toda España a los que se aplica el referido impuesto por aprovechamiento forestal; suspender dichos aprovechamientos forestales hasta que Hacienda no aplique el referido impuesto a los más de 8.000 municipios de todo el país y solicitar al Gobierno aragonés que supla con ayudas y subvenciones los perjuicios que para los servicios de los pueblos de la comunidad puede representar el pago del impuesto.

Acordaron también proseguir con los trámites judiciales que iniciaron ante el Tribunal Central Económico y ante la Audiencia Territorial de Zaragoza. Asimismo, afirmaron estar dispuestos a llegar al Tribunal Supremo.