La falta de cooperacion política y policial y la ausencia de competencias llevaron a dimitir al fiscal 'antidroga'

"Tengo la impresión de que en la consideración de las competencias que debe tener el fiscal especial para la lucha contra la droga había decisiones políticas muy firmes, en las que mi opinión contaba poco ante el Gobierno. Yo he estado diciendo que no podía limitarme a coordinar las actividades del ministerio fiscal, e hice un esfuerzo por encontrar una definición coherente a la figura que se me encomendaba, pero me he encontrado no sólo con resistencias corporativas, como la policial, sino también con otras de nivel superior, porque esa resistencia corporativa no hubiera podido mantenerse sin...

"Tengo la impresión de que en la consideración de las competencias que debe tener el fiscal especial para la lucha contra la droga había decisiones políticas muy firmes, en las que mi opinión contaba poco ante el Gobierno. Yo he estado diciendo que no podía limitarme a coordinar las actividades del ministerio fiscal, e hice un esfuerzo por encontrar una definición coherente a la figura que se me encomendaba, pero me he encontrado no sólo con resistencias corporativas, como la policial, sino también con otras de nivel superior, porque esa resistencia corporativa no hubiera podido mantenerse sin el respaldo de los niveles políticos", dijo a EL PAÍS José Jiménez Villarejo, fiscal especial antidroga, al que el jueves le fue aceptada la dimisión que había presentado hace cinco meses.Jiménez Villarejo, que insiste en que no quiere dejarle las cosas "todavía más difíciles" a su sustituto o que la opinión pública "saque conclusiones excesivamente negras sobre la utilidad del cargo afirma que cuando le nombraron nadie sabía con certeza lo que iba a ser el fiscal especial. Él pensó que "debía desempeñar una doble función: coordinar las actividades orientadas tanto a la prevención como a la represión del tráfico ilegal de drogas". "Si tuve una cierta fortuna en lo segundo, fue muy escasa en lo primero, por las estructuras existentes, las jerarquías establecidas y la normativa vigente, que no me permitía una incidencia real".

En un principio, Jiménez Villarejo creyó que se querría modificar las normas que le impedían desarrollar su función. Pero "vi que el cambio normativo no iba a producirse", explica, "cuando leí el proyecto de la hoy ya ley orgánica de la Policía, que no dice que las unidades de la policía especialmente dedicadas a la represión del tráfico ilegal de drogas tengan condición de policia judicial, y me lo confirmó la creación de la figura del delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, al que se atribuía la coordinación y dirección funcional de todos los departamentos y organismos con competencias en la materia -la policía, entre otros-. Todos mis temores se han acentuado con el proyecto de creación de la fiscalía especial para la represión del tráfico ilegal de drogas, ahora en las Cortes, que crea la fiscalía como parte de la estructura orgánica del ministerio fiscal, pero no dice una palabra sobre sus competencias. Ello me ha hecho pensar que las cosas no iban a resolverse como yo quería".

"Tras un período de indefinición", recuerda José Jiménez Villarejo, las autoridades políticas me hicieron saber que nunca se pensó en atribuir al fiscal especial la coordinación de la policía que trabaja en esta materia, pero esto se compadece mal con el nombramiento de un fiscal especial cuando ya, según la Constitución, el fiscal es jefe de la policía en sus funciones de investigación del delito y averiguación del delincuente. Se unió además una situación de hecho en la que de manera visible se hacía patente que una parte importante de la policía no deseaba que el fiscal la coordinara. El único respaldo que he sentido ha sido el del fiscal general del Estado, Luis Burón, que siempre ha ratificado todas mis iniciativas".

Hostilidad desmesurada

El fiscal antidroga compareció, en marzo del año pasado, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, donde los diputados le preguntaron sobre las posibles pérdidas de estupefacientes en determinadas unidades policiales. Él tuvo unas respuestas que calificó de "prudentes": no citó casos concretos, pero dijo que, en un número no del todo insignificante de casos, tenía consciencia de ello y había instado a los fiscales para que iniciaran actuaciones. La reacción de los responsables de la política policial fue calificada por Jiménez Villarejo de "desmesurada y de abierta hostilidad".A finales de noviembre, un portavoz policial dijo en este périódico "que habían reducido al mínimo sus contactos conmigo y que hacían una política de oídos sordos con el fiscal especial", recuerda éste. "Ni la noticia fue desmentida ni se anunciaron sanciones contra el autor de tamaña impertinencia. Para mí fue la gota que colmó el vaso".

El ya dimitido fiscal antidroga dice que no puede evitar "una cierta sensación de frustración y de fracaso". "Y pienso que en él habrá una cuota de responsabilidad que será mía". ¿Y el resto? Jiménez Villarejo extrema su prudencia y prefiere no hablar de culpables. Sólo dice que "ciertamente ha habido bastantes personas de las que tienen posibilidad de adoptar decisiones políticas que no se han atrevido a extraer el problema del tráfico ilegal de drogas del contexto que siempre ha tenido, el exclusivamente policial, y creo que es demasiado serio para encajarlo sólo en ese contexto. Y es que, como decía Clemenceau, la guerra es una cosa demasiado grave para dejarla en manos de los militares".