La caja para el que la trabaja

La reciente crisis de la Caixa de Barcelona, que se ha saldado con la fulminante dimisión del hasta entonces director general, Andreu Buades, ha puesto de relieve, al igual como ya ocurrió con la de la Caixa de Cataluña, el creciente poder en las entidades de ahorro de ciertos colectivos profesionales en detrimento de la autoridad de los consejos de administración. En el caso de la Caixa de Barcelona el conflicto ha puesto al descubierto, además, las privilegiadas condiciones laborales que goza la mayoría de sus empleados y los sentimientos corporativistas que se despiertan ante cualquier inte...

La reciente crisis de la Caixa de Barcelona, que se ha saldado con la fulminante dimisión del hasta entonces director general, Andreu Buades, ha puesto de relieve, al igual como ya ocurrió con la de la Caixa de Cataluña, el creciente poder en las entidades de ahorro de ciertos colectivos profesionales en detrimento de la autoridad de los consejos de administración. En el caso de la Caixa de Barcelona el conflicto ha puesto al descubierto, además, las privilegiadas condiciones laborales que goza la mayoría de sus empleados y los sentimientos corporativistas que se despiertan ante cualquier intento de racionalización de los mismos.

Las cajas de ahorro, a diferencia de los bancos, no tienen accionistas. Por lo tanto, todos los beneficios generados por su actividad se destinan a reservas o a obras benéfico sociales. Además, las entidades de ahorro deben desempeñar una importante función social y dedicar una buena parte de su actividad a prestar servicios que apenas resultan rentables a un tipo de clientes con escasos recursos económicos. Así, por ejemplo, en el caso de la Caixa de Barcelona, el 75% de sus clientes tienen un saldo medio inferior a 50.000 pesetas, que generan sólo el 1% de los beneficios de la entidad mientras absorben más de un 20% de su capacidad operativa. Sin duda, este tipo de funciones resultan muy poco apetecibles para los bancos que escogen sus clientes y operaciones con criterios de estricta rentabilidad.Sin embargo, junto a esta desinteresada labor algunas entidades, como la Caixa de Barcelona, han concedido tal cantidad de ventajas a sus empleados que prácticamente los ha convertido en una suerte de virtuales accionistas de la entidad. En 1984, la Caixa de Barcelona destinó 750 millones de pesetas a obras benéfico sociales, lo que representaba un 21% de los beneficios obtenidos. No obstante, en el mismo ejercicio dedicó 2.341 millones de pesetas a pensiones y subsidios de sus empleados.

Este tipo de ventajas sociales han sido crecientes en los últimos años, absorbiendo cada vez una parte mayor de los productos generados. Así, en 1976 los fondos destinados a obras sociales ascendieron a 397 millones de pesetas, lo que representaba un 37% de los beneficios obtenidos, es decir el doble del porcentaje que en los últimos ejercicios.

El nivel salarial

El salario medio de los empleados de la Caixa de Barcelona es el más elevado de todas las entidades de ahorro de España, aproximándose a los cuatro millones de pesetas anuales brutas. Un catedrático de universidad con dedicación exclusiva percibe 2.800.000 pesetas anuales brutas; un investigador científico, 2.490.000 pesetas; un colaborador científico, 2.214.000 pesetas; un director general de la Administración central o un magistrado, cuatro millones de pesetas... Si las comparaciones con el salario medio de la entidad son ya elocuentes, resultan mucho más sorprendentes si se efectúan con el personal directivo, con sueldos superiores a los de un ministro del Gobierno.Hasta hace pocos años los complementos salariales (incrementos del 10% por trienio, matrimonio o cada hijo) suponían la parte más importante del sueldo. El recientemente dimitido director general, Andreu Buades, había reconducido estos tipos, de acuerdo con los sindicatos, hasta un 6%. Otras ventajas sustanciosas todavía vigentes son los créditos para primera vivienda al 5%, y al 10% para la segunda, así como el pago de un interés del 7,5% en la cuenta corriente de los empleados. Estas últimas ventajas significaban una disminución de las ganancias en más de 1.000 millones de pesetas anuales.

A pesar de los recortes introducidos por Buades, las cargas sociales, en especial los complementos de pensiones, siguen creciendo incesantemente. Según un estudio actuarial, si se mantienen los actuales compromisos en el plazo de 15 años, el pago de las prestaciones de los empleados precisará todos los recursos generados, incluidas las reservas de la entidad.

La última crisis que motivó la dimisión de Buades se registró con ocasión del la negociación del convenio. Dadas las exigencias de saneamiento, la dirección fijó un incremento máximo de los costes salariales del 7,68%. Ello se traducía en un incremento de las tablas salariales del 3%, un 1,5% del aumento destinado a incentivar la producción y el resto de la subida quedaba absorbido por los compromisos de mejoras sociales.

El rechazo de los empleados fue muy contundente. Al parecer, lo que provocó mayor irritación entre los cuadros fue la propuesta de establecer un incentivo de producción. Entre estos sectores, es tal el grado de identificación entre los intereses de la entidad y los propios que se interpretó como una ofensa establecer una prima para mejorar la producción.

Ante la situación creada, el consejo de administración cedió ante las presiones y resolvió revocar la propuesta del director. Desautorizado y desconcertado por la debilidad mostrada por el que debía ser el órgano de gobierno, Andreu Buades optó por la dimisión.

La caída de Buades ha supuesto un claro triunfo del corporativismo representado por el Sindicat D'Estalvis de Catalunya (SEC) y el colectivo denominado "i" -independientes-, con gran influencia entre los cargos directivos.

La fórmula de triunvirato adoptada por el consejo para sustituir a Buades evidencia el encaje de bolillos que ha debido efectuar su presidente, Josep Joan Pintó, para satisfacer a todas las fámilias con poder en la entidad. El nuevo director general, Joan Torres Picamal, destacado profesional y hombre de consenso, ejercerá un cierto arbitraje entre los distintos grupos. Actuará bajo la rriirada de los dos directores adjuntos, Antoni Millet -de reconocida valía profesional y fundador del SEC, donde goza de notorio prestigio a pesar de su desvinculación desde 1980- y Jordi González Calvete -perfecto conocedor del mundo del ahorro, candidato histórico de la "i", que le considera el jefe nato de la entidad, en la que trabaja desde los 14 años.