Un juez investiga a dos abogados acusados de recibir dinero de la madre de un preso para gestionar irregularmente su libertad

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, del que es titular Epifanio Legido, instruye diligencias por los delitos de prevaricación y estafa, presuntamente cometidos por los abogados Eduardo Alarcón Caravantes y Emilio Rodríguez Menéndez. La investigación que realiza este juzgado es consecuencia de la denuncia formulada por la madre de un preso, que acusa a ambos abogados de haber recibido, en total, 725.000 pesetas para obtener de forma irregular la libertad de su hijo. Según la denunciante, dicho importe le fue devuelto por ambos abogados, después de que ella les pidiera explicaciones so...

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, del que es titular Epifanio Legido, instruye diligencias por los delitos de prevaricación y estafa, presuntamente cometidos por los abogados Eduardo Alarcón Caravantes y Emilio Rodríguez Menéndez. La investigación que realiza este juzgado es consecuencia de la denuncia formulada por la madre de un preso, que acusa a ambos abogados de haber recibido, en total, 725.000 pesetas para obtener de forma irregular la libertad de su hijo. Según la denunciante, dicho importe le fue devuelto por ambos abogados, después de que ella les pidiera explicaciones sobre la no puesta en libertad de su hijo.Araceli García Soria, madre del procesado y preso José Antonio Montes García, compareció el 30 de octubre de 1985 ante el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Manuel Sanz Bayón, ponente de la causa seguida contra el hijo de la declarante. Según manifestó, su hijo permanecía en prisión provisional desde hacía más de 18 meses y, con motivo de solicitar que se hicieran las gestiones legales pertinentes para obtener su libertad, visitó al abogado Alarcón.

De acuerdo con la declaración de la compareciente que ha dado ,origen a la actual investigación judicial, Alarcón le dijo "que estaba el problema solucionado, que su hijo saldría de la cárcel en una semana, que él se pondría en contacto con el también letrado don Emilio Rodríguez Menéndez, y que si entregaba un millón de pesetas, le pondría en libertad, ya que don Emilio era sobrino del presidente de esta sala". Araceli García, según su propia versión, contestó que no tenía esa cantidad, pero pudo reunir 725.000 pesetas que, pasados unos ocho días, entregó a Alarcón, quien se quedó con 325.000 pesetas y entregó a Rodríguez las 400.000 pesetas restantes.

Devolución del dinero

"Como quiera que pasaba el tiempo y mi hijo no salía de la cárcel", afirmaba Araceli García en su declaración ante el magistrado, se entrevistó en los pasillos de la Audiencia con ambos abogados, "pidiéndoles una explicación". Según Araceli García, Rodríguez contestó "que era imposible lograr la libertad del preso", por lo que ella exigió entonces "que se le devolviera la cantidad entregada, y tras varias dilaciones y respuestas evasivas logró que le fuera devuelto el dinero entregado, lo que al fin logró aproximadamente hacia el mes de mayo [de 1985], dándole cada uno de los dos abogados sendos cheques por importe de 325.000 y 400.000 pesetas, respectivamente".Araceli García adjuntó dos fotocopias de sendos folios. En el primero, del despacho de Emilio Rodríguez y fechado al 30 de noviembre de 1984, este abogado afirma haber recibido 400.000 pesetas del letrado Eduardo Alarcón. En el otro folio, fechado al 27 de noviembre de 1984 y firmado por un hijo de Araceli García llamado Pedro, éste autoriza "al letrado don Eduardo Alarcón para que disponga del dinero depositado en defensa de José Antonio Montes García y entregarlo en la proporción que determine a su compañero don Emilio Rodríguez", según consta en la comparecencia firmada por la declarante y el magistrado Sanz Bayón.

La Audiencia Provincial remitió esta comparecencia al decanato de los juzgados de Madrid y, por reparto, correspondió al Juzgado de Instrucción número 7, que inició diligencias por los supuestos delitos de prevaricación y estafa en noviembre de 1985. Según fuentes jurídicas, la investigación judicial se encuentra muy avanzada y, tras la realización de numerosas diligencias, han quedado contras tados la mayor parte de los hechos reseñados en la denuncia inicial. Por el momento el magistrado Legido, que prosigue la investigación, no ha decidido si procesará o no a alguno o de los dos abogados denunciados.