El Gobierno prepara un proyecto de ley general de la publicidad

El Gobierno ha preparado para su aprobación un proyecto de ley general de publicidad que sustituirá al Estatuto de la Publicidad de 1964, "cuyo articulado ha caído en gran parte en desuso", según se afirma en el nuevo texto, que resalta también la adaptación a las normas que rigen en la Comunidad Económica Europea (CEE).El texto, según informa Europa Press, consta de 28 artículos y una disposición final, y en su preámbulo señala que "la intervención administrativa se ha reducido al mínimo posible" y que "sólo podrán dictarse reglamentaciones sobre la publicidad de determinados productos, biene...

El Gobierno ha preparado para su aprobación un proyecto de ley general de publicidad que sustituirá al Estatuto de la Publicidad de 1964, "cuyo articulado ha caído en gran parte en desuso", según se afirma en el nuevo texto, que resalta también la adaptación a las normas que rigen en la Comunidad Económica Europea (CEE).El texto, según informa Europa Press, consta de 28 artículos y una disposición final, y en su preámbulo señala que "la intervención administrativa se ha reducido al mínimo posible" y que "sólo podrán dictarse reglamentaciones sobre la publicidad de determinados productos, bienes, actividades y servicios cuando éstos sean susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas, o cuando la protección de derechos constitucionalmente reconocidos así lo exija".

El texto del Gobierno, que habrá de ser aprobado en Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria, establece que será ilícita la publicidad que atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española.

También se afirma que "la normativa comunitaria, al establecer los medios de defensa contra la publicidad engañosa, deja a los países miembros la opción de elegir entre instancias administrativas o judiciales.

El anteproyecto se inclina por la vía jurisdiccional al establecer que sólo a los jueces corresponderá decidir acerca de la posible ilicitud de los mensajes publicitarios". Incluso la Administración deberá acudir a esta vía cuando se sienta afectada o cuando entienda que debe defender intereses públicos.