El Supremo procesa a cinco profesionales del derecho en el sumario por soborno contra dos magistrados de Barcelona

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha procesado a cinco profesionales del derecho en la causa que se sigue contra dos jueces de primera instancia de Barcelona, por presunto delito de cohecho (soborno a un funcionario público). Los nuevos procesados son Joaquín Vidal Ríos, Juan Magrí Barrera, Gloria Viñals Gabanach, Fernando Sánchez Sánchez y Pedro Norberto Truyás Cabanas. El alto tribunal ha decretado su libertad provisional y ha fijado una fianza de dos millones de pesetas a cada uno para hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles.El Supremo ha denegado el procesamiento de una ...

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha procesado a cinco profesionales del derecho en la causa que se sigue contra dos jueces de primera instancia de Barcelona, por presunto delito de cohecho (soborno a un funcionario público). Los nuevos procesados son Joaquín Vidal Ríos, Juan Magrí Barrera, Gloria Viñals Gabanach, Fernando Sánchez Sánchez y Pedro Norberto Truyás Cabanas. El alto tribunal ha decretado su libertad provisional y ha fijado una fianza de dos millones de pesetas a cada uno para hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles.El Supremo ha denegado el procesamiento de una sexta persona, Alfredo Consolación Montseny, que también había sido solicitado por el fiscal. La fiscalía estudia la presentación de un recurso para interesar nuevamente el procesamiento de Consolación.

Los cinco nuevos procesados lo han sido por cohecho, el mismo delito que el de los dos magistrados titulares de los juzgados de primera instancia números 2 y 6 de Barcelona, Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, respectivamente, y del hermano del primero, el abogado Luis Lorenzo-Penalva de Vega, que fueron procesados por el Supremo el 9 de julio de 1984.

Interventores amigos

La decisión del Supremo tiene su origen en la querella interpuesta por el fiscal general del Estado en mayo de 1983 en la que se señalaba que los dos magistrados citados se pusieron de acuerdo con Luis Lorenzo-Penalva y Pedro Norberto Truyás para designar a sus amigos como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensión de pagos o quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados a cambio de un porcentaje en las ganancias.Las irregularidades en la designación de interventores, comisarios y depositarios de los procesos de suspensión de pagos y quiebras fueron detectadas en julio de 1982. El presunto fraude se descubrió por una denuncia anónima presentada, al parecer, por un ex empleado del despacho de abogados que había sido despedido. Las investigaciones se iniciaron por parte de la Guardia Civil y la policía, que pusieron el caso en manos de la Audiencia Territorial de Barcelona, cuyo presidente, Antonio Gómez Reino, perdió, al parecer, la documentación, lo que provocó posteriormente su destitución.

Meses más tarde, el anónimo comunicante insistió en su denuncia y puso el caso en conocimiento de una revista de Madrid, que lo difundió. La sección disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial tomó cartas en el asunto. Al poco tiempo se descubrió que los titulares de los juzgados 2 y 6 de primera instancia de Barcelona designaban en numerosas ocasiones para las funciones citadas al personal del gabinete jurídico de Luis Lorenzo-Penalva.

En mayo de 1983, el fiscal del Estado interpuso querella contra los magistrados y otros seis profesionales del derecho citados, a los que acusaba de cohecho. La querella mencionaba que los magistrados se pusieron de acuerdo con el hermano de uno de ellos y Pedro Truyás "para proceder a nombrar a dichos querellados o a sus colaboradores de despacho Juan Magrí, Fernando Sánchez y Gloria Viñals como interventores, comisarios o depositarios de las suspensiones de pagos y quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias que de tales nombramientos pudieran producirse".

Jugosos beneficios

El fiscal añadía que ambos magistrados recibieron, en junio y julio de 1982, ocho talones, por un importe total de 9.377.468 pesetas. Estos talones, obtenidos a raíz de las irregulares designaciones de interventores, comisarios y depositarios, fueron ingresados en una cuenta del Banco de Santander.La querella instaba a la investigación de 13 suspensiones de pagos y siete quiebras. Entre las primeras figuraban las de Mundo Ediciones, Inmobiliaria Grupo Mundo, Hilaturas del Sureste, Esmaltes, Pinturas y Barnices, SA, y Electrónica Publitel y Construcciones Coronado. Entre las quiebras cabe destacar las de Juan Carlos Muntadas, Editorial Gassó Hermanos, Este Holding, SA, y Editorial Eco.