Procesados por estafa nueve promotores de urbanizaciones ilegales de Mejorada
Miguel Ángel Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, dictó los pasados 9 de septiembre y 30 de octubre órdenes de procesamiento y prisión provisional contra nueve promotores inmobiliarios de las urbanizaciones El Balcón de Mejorada y El Taller-Los Olivares, ambas en Mejorada del Campo, como presuntos autores de un delito de estafa. El juez impuso a los encausados fianzas que oscilan desde los 20 a los 75 millones de pesetas para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 ordenó el pasado 9 de septiembre...
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Miguel Ángel Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, dictó los pasados 9 de septiembre y 30 de octubre órdenes de procesamiento y prisión provisional contra nueve promotores inmobiliarios de las urbanizaciones El Balcón de Mejorada y El Taller-Los Olivares, ambas en Mejorada del Campo, como presuntos autores de un delito de estafa. El juez impuso a los encausados fianzas que oscilan desde los 20 a los 75 millones de pesetas para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 ordenó el pasado 9 de septiembre, según se ha sabido ahora, el procesamiento de siete promotores que ocuparon cargos en la empresa Coprin 81, SA, promotora de la urbanización El Balcón de Mejorada.Los procesados son Casildo Romero, Francisco Javier San José, José Manuel Sánchez Millán, Julio Cano Sánchez, Roberto Romero -estos dos últimos, según el auto, con antecedentes penales- y Carlos Jesús Garoz y Jesús Rojas, ambos, de acuerdo con el escrito, en paradero desconocido. Por esta causa, el juez decretó prisión provisional para los cinco primeros, salvo que pagaran una fianza individual de 500.000 pesetas, y prisión provisional sin fianza para los dos últimos, al tiempo que ordenaba su busca y captura.
El juez requirió a los procesados una fianza de 20 millones de pesetas por persona para asegurar las responsabilidades pecuniarias y adjudicó la responsabilidad civil subsidiaria a Coprin 81, SA, a cuyo representante legal se le requirió una fianza por la misma cantidad.
Promesas incumplidas
Según el juez, los procesados, "mediante contratos privados celebrados con los querellantes, vendieron a éstos una serie de parcelas de terreno segregadas de otra matriz que anunciaban como fincas rústicas en transformación a regadío, que los vendedores se comprometían a dotar de los correspondientes servicios de agua, luz y viales".El auto de procesamiento añade que resulta "de lo actuado que se trata, sin más, de fincas rústicas de secano, cuya parcelación ha venido a demostrarse como ilegal, sin que hasta el momento se hayan realizado las obras de transformación prometidas". Según el auto, los procesados obtuvieron en concepto de entrada y letras de cambio una cifra aproximada a los 17 millones de pesetas. El mismo juez, unas semanas después, el 30 de octubre, dictó otro auto de procesamiento y prisión provisional, esta vez contra Aníbal Jiménez Candil, con antecedentes penales, y José Luis López Sánchez, sin antecedentes, y fijó una fianza individual de un millón de pesetas para no ir a prisión. Asimismo les requirió 75 millones de pesetas a cada uno de ellos para asegurar las responsabilidades pecunarias.
Según el auto, ambos procesados adquirieron una finca rústica de secano conocida como El Taller-Los Olivares, en el término de Mejorada del Campo, de 30 hectáreas de extensión. El procedimiento utilizado para la venta de parcelas fue similar al anterior. El auto indica que el terreno se vendió al precio de 200 pesetas el metro cuadrado a las 81 personas que se han querellado, cuando el precio normal del terreno rústico de secano en la zona es de 50 pesetas el metro cuadrado.
El pasado mes de febrero, a instancia de 84 afectados, Julio Cano Sánchez, José Manuel Sánchez Millán y Julio Ayuso fueron procesados por el titular del Juzgado número 7, como propietarios de la empresa Girsa, promotora de la urbanización Villaflores, en Mejorada del Campo, considerada ilegal por la Comunidad de Madrid.