El fiscal pide seis años para Balmón, dirigente del PCEr
El fiscal de la Audiencia Nacional solicitó ayer una pena de seis años de prisión para José Balmón Castell, dirigente del Partido Comunista de España reconstituido (PCEr), como autor por inducción de un delito de estragos. El miembro del PCEr fue juzgado junto con los miembros de los GRAPO Anastasio Gonzalo Cardiel, Mari Carmen Muñoz Martínez, Josefina García Aramburu y Joaquín Calero Arcones, estos dos últimos, miembros del comando central de la organización terrorista.Según el fiscal, Balmón, junto con los dos miembros del comando central de los GRAPO, ordenó el 16 de febrero de 1983 la colo...
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El fiscal de la Audiencia Nacional solicitó ayer una pena de seis años de prisión para José Balmón Castell, dirigente del Partido Comunista de España reconstituido (PCEr), como autor por inducción de un delito de estragos. El miembro del PCEr fue juzgado junto con los miembros de los GRAPO Anastasio Gonzalo Cardiel, Mari Carmen Muñoz Martínez, Josefina García Aramburu y Joaquín Calero Arcones, estos dos últimos, miembros del comando central de la organización terrorista.Según el fiscal, Balmón, junto con los dos miembros del comando central de los GRAPO, ordenó el 16 de febrero de 1983 la colocación de un artefacto junto a un coche de una policía nacional, en la calle Arroyo del Fontarrón de Madrid. El artefacto fue desactivado por explosión a distancia causando daños valorados en 180.000 pesetas.
Balmón negó pertenecer a los GRAPO y haber participado en acciones terroristas. Declaró que sólo es militante del PCEr y que nunca ha llevado armas. Dijo que se estaba juzgando a su partido y no a él, por lo que su obligación era hacer un juicio político. Denunció también que había sido objeto de torturas, aunque, según dijo, tuvo la suerte de aguantar y de no declarar ante la policía.
Respecto al explosivo, Josefina García Aramburu se hizo responsable de haber dado la orden, para que se colocase y Mari Carmen Muñoz reconoció que ella lo hizo. Calero afirmó que pertenece al comando central de la organización que ha dado la orden para la ejecución de unas 500 acciones, pero que en este caso él no participó.
En el alegato final, Balmón intervino diciendo que el fiscal "no puede retirar la acusación porque estamos en un estado policial". Cuando entonaba La Internacional junto con los otros procesados y parte del público, el presidente ordenó el desalojo de la sala.